Los impuestos y el referéndum abren otro frente entre Puigdemont y la CUP

La CUP ha decidido pisar el acelerador y propondrá en el Debate de Política General, que se celebra este miércoles y jueves el Parlament, que Carles Puigdemont convoque el referéndum independentista para antes de julio, pese a que hace cinco días el presidente catalán se comprometió a convocarlo la segunda quincena de septiembre. Con el gesto, los cupaires buscan presionar al president, a quien le piden nuevos impuestos y gravámenes más altos de los ya existentes para las clases más altas. El Gobierno catalán aseguró ayer que no atenderá demandas para elevar la presión fiscal porque ésta es “excesiva”.

Los anticapitalistas dieron hace una semana su confianza a Puigdemont pero el gesto no le va a salir gratis. A diferencia del resto de grupos, la CUP difundió ayer las propuestas de resolución que van a defender y que se sustentan en una nueva política fiscal; en la preservación de los servicios públicos y en la ruptura hacia la independencia con un referéndum antes de julio. Esta última sugerencia ha dejado perplejo a Junts pel Sí, aunque negocia con los anticapitalistas una resolución sobre esa hoja de ruta.

Las propuestas de la CUP son una declaración de intenciones en toda regla sobre cómo puede desarrollarse el debate de presupuestos y que condicionará el debate de Política General. La CUP desea subir el tramo del IRPF a las clases más altas y bajarlo a las más bajas; recuperar el impuesto de Patrimonio; el de Sucesiones en su totalidad; uno nuevo sobre rentas de capital y grandes fortunas y modificar la tasa turística.

No solo eso: quieren que Aguas Ter-Llobregat vuelva a ser pública; frenar la privatización de todas las infraestructuras de agua que dependen de la Agencia Catalana o iniciar la supresión de los conciertos para las escuelas de élite. Las propuestas anticipan una complicada negociación.

Puigdemont ya avanzó que las cuentas de 2017 no serían muy diferentes a las frustradas de 2016. Y Neus Munté, la portavoz del Ejecutivo, dijo ayer que el Gobierno autonómico no está dispuesto a subir impuestos porque, en su opinión, la presión fiscal en Cataluña es “excesiva”. Aseguró que no se plantea reformar de nuevo el impuesto de Sucesiones e insinuó que tampoco se modificarán los tramos más altos del impuesto de la renta. Tampoco garantizó que se pueda cumplir la promesa efectuada por el president en mayo cuando anunció ante 400 empresarios la rebaja del IRPF a los contribuyentes con rentas más bajas, una medida que no tendría impacto en los Presupuestos hasta 2019. Munté lo corrigió al afirmar que si no se ha hecho es porque “no ha habido la posibilidad de convertir ese objetivo en una realidad”.

Benet Salellas y Albert Botran, diputados de la CUP, aclararon que la nueva política fiscal que piden no es una condición sine qua non para aprobar los Presupuestos. Pero sí recalcaron que el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión arrojó que el 76% de consultados está a favor de una política fiscal más equitativa. Y que el 84% de los votantes de Junts pel Sí está a favor. “Hay que dar tiempo [a la negociación] porque tiene la complejidad que merece. Nuestra posición es clara y esperamos que el Gobierno cambie de parecer”, señaló Salellas.