Los pacientes que llevan esperado más de tres meses para operarse aumentan un 78%

A los pacientes madrileños que están en la lista de espera para ser operados se les coloca en dos categorías diferentes: la general, llamada estructural, y la de aquellos a quienes les ofrecen ser intervenidos en un hospital distinto al de su elección, pero dicen que no, que prefieren operarse con su médico. Y a estos que rechazan la derivación, con los recortes aplicados durante la crisis, “se les dejó los últimos de la lista, prácticamente se les dejó de operar”, asegura Carlos Castaño Zapatero, médico del hospital Gregorio Marañón y presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Ahora, con el nuevo equipo de Gobierno de la Comunidad (también del PP, pero encabezado por Cristina Cifuentes), “la orden ha sido concentrarse en rebajar la lista de rechazo”, continúa, “pero si se sigue operando lo mismo, la cifra se mantiene prácticamente igual; si no crece por un lado, lo hace por el otro”.

De ese modo, mientras la lista de rechazo descendió de diciembre a junio en 22.663 pacientes, en la estructural aumentó en 20.678 (tomamos las cifras de antes del verano porque la bajada de la actividad durante las vacaciones puede distorsionar las cifras, aunque el balance en agosto señala la misma tendencia: 21.166 menos en una parte, frente a 19.699 más en el otro). Así, a la vez que se desatasca la cola por el lado de los pacientes de rechazo, se van primando, según la propia Consejería de Sanidad, “aquellos pacientes con patologías que permiten una menor demora en la asistencia”, de modo que, los que sí se operan lo hacen en menos tiempo, en torno a dos meses de media. Pero entre los que se quedan en la lista aumentan los que llevan más tiempo esperando, es decir, esos más de 9.000 que en junio (y más de 17.000 que en agosto) llevaban más de tres meses. Es cierto, en todo caso, que la mayoría llevan entre tres y seis meses, ya que las esperas más sonrojantes (de más de medio año) se han reducido un 60% si se cuenta hasta junio (entonces había 905 pacientes en esa situación) y un 28,4% con las disparadas cifras veraniegas de agosto: 1.647 personas.

La Consejería de Sanidad insiste en que, desde que se aprobó el pasado mes de enero el Plan Integral de Mejora de Listas de Espera, se ha disminuido la lista y mejorado las esperas de los que sí pasan por quirófano. En todo caso, fuentes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) reclaman un poco más de tiempo para evaluar los resultados de un plan pensado para desarrollarse hasta 2019 y cuyas fluctuaciones en esta fase, en la que se están centrando deshacer colas atascadas durante años, son lógicas. Teniendo en cuenta, además, que las medias estadísticas esconden diferencias enormes entre hospitales (en el Ramón y Cajal la demora media es de 126,54 días y en el hospital General de Villalba, de 9,95) e, incluso, dentro de cada centro (por ejemplo, en el hospital de Alcorcón, son 36 días en dermatología y 190 en el servicio de cirugía vascular). 

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Carlos Castaño, de AFEM, aporta una visión mucho más simple y directa: “El plan de la Comunidad no está funcionando”. Este, dotado con 20 millones al año hasta 2019, intenta incentivar a los profesionales y fomentar que se opere por las tardes y los fines de semana (lo cual se dejó de hacer durante la crisis por el coste que suponía) a través de los pactos de gestión. Pero estos acuerdos entre la Comunidad y los servicios de cada hospital (en los que se fijan unos objetivos, unos medios para alcanzarlos y unos incentivos) son tan exigentes que “muchos servicios no los están firmando o se están apeando”, asegura Castaño.

El sindicato de médicos Amyts también ha criticado en más de una ocasión su eficacia. “De nada valen los pactos de gestión, quirófanos de tarde mediáticos y parece que poco efectivos”, dijo ya en enero en una nota que reclamaba asimismo “un estudio serio y profundo de la lista, las estructuras, las plantillas, los rendimientos, cuellos de botella, necesidades en función de la demanda, etcétera”.

El problema es que, al menos estadísticamente, la base comparación es todavía muy pequeña, pues el anterior equipo de Gobierno del PP (con Esperanza Aguirre y después con Ignacio González al frente) confeccionaba unas listas de espera tan particulares (entre otras cosas, empezaban a contar desde que el paciente era visto por el anestesista en vez del momento en el que médico programa la operación) que Madrid fue expulsada en 2005 del cómputo nacional que hace el Ministerio de Sanidad. Ahora, la Comunidad ha vuelto al redil, pero sus datos ya bien hechos están publicados desde el pasado diciembre, asegura un portavoz de Sanidad, con lo que ni siquiera hay comparación posible con el verano anterior.

Nuevas instrucciones

Las instrucciones que dan respaldo legal a la nueva forma de confeccionar la lista (en las que se establece un tiempo máximo de 180 días para la lista estructural y de 360 para los de rechazo) se publicaron el pasado 31 de agosto. Y estas, según AFEM, siguen dejando margen “para maquillar las cifras”. Se refieren, por ejemplo, a que entre las razones para caerse de las listas están la de rechazan cinco hospitales alternativos de derivación e, incluso, “otros motivos de salida no contemplados explícitamente”.

Sobre este último y más que flexible apartado, Sanidad no ha contestado nada. En cuanto a los pacientes de rechazo, tampoco, aunque en este caso sí ofrecen explicaciones para rebatir las acusaciones de AFEM, que asegura que estas personas resultan agraviadas con respecto al resto pese a que se supone que en el sistema madrileño rige la libre elección de hospital y especialista; para empezar, porque se establece para ellos un tiempo máximo de espera de un año, frente a los seis meses para el resto.

De ese modo, un portavoz de Sanidad responde que la derivación se ofrece precisamente para poder cumplir con esos tiempos máximos, siempre a hospitales públicos y habitualmente en casos de “menor complejidad”, mientras que el resto “ya sea por su patología o situación clínica no es posible ofréceles la derivación”, por lo que “no pueden tener la misma consideración”. Lo cual, sostienen, “no supone ningún tipo de castigo ni penalización, sino simplemente una racionalización de un servicio público”, dice Sanidad.

AFEM, por su parte, insiste: “No debería haber dos categorías según rechacen o no. Todos debería estar en la misma, esperando el mismo tiempo máximo. Una sola lista evitaría cualquier coacción y discriminación”, resume Castaño.