Barrientos advierte del peligro de “difundir sospechas” sobre la independencia de los jueces

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Barrientos, ha defendido hoy a ultranza la independencia de los jueces frente a quienes les acusan de actuar con intenciones políticas. "Es radicalmente injusto, además de peligroso socialmente, difundir sospechas sobre la independencia de los jueces o emitir juicios interesados predictivos de sus resoluciones", ha dicho el magistrado en el acto de apertura del año judicial en Cataluña.

Su discurso es una velada alusión a la causa judicial por la consulta independentista del 9-N y, en particular, a las palabras Francesc Homs, diputado por Convergència e imputado por la Audiencia Nacional. Homs dijo que el 9-N es una causa política y que la sentencia condenatoria ya está dictada de antemano. Al acto de hoy no ha asistido el predidente de ña Generalitat, Carles Puigdemont, que ha delegado en los consejeros de Justicia, Carles Mundó, e Interior, Jordi Jané.

Barrientos ha advertido de que la sociedad vive una "profunda crisis en todos los ámbitos". La crisis también afecta a la política "tanto nacional española como catalana" y es "un campo abonado para que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones sobre las que se sustenta nuestro edificio democrático". El magistrado ha alertado contra las "fuerzas externas e internas interesadas en erosionar" las instituciones.

Pese a la defensa de la integridad de los jueces, el presidente del TSJC ha admitido que, hoy por hoy, no son capaces de dar una respuesta satisfactoria a los ciudadanos. El nivel de asuntos en los juzgados "pone en evidencia el desajuste" entre la carga de trabajo y la plantilla de jueces (810 en Cataluña). El magistrado ha pedido un "incremento presupuestario" al Departamento de Justicia y que se aumente el número de jueces. De lo contrario, se acentuará aún más el "paulatino incremento del tiempo de respuesta" a los problemas de los ciudadanos.

"El retraso en la respuesta se manifiesta inaceptable en las causas que afectan los intereses más sensibles y necesitados de protección". Barrientos ha admitido que "tampoco es comprensible el retraso con el que se están tramitando algunos procesos seguidos por corrupción". El caso Palau (el expolio de la institución musical y la financiación ilegal de Convergència) es un ejemplo de ello: tras más de ocho años de instrucción, se lleva a juicio a principios de 2017."Los corruptos, antes o después, rendirán cuentas ante la sociedad", ha subrayado.