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El exvicealcalde de Barberá se desentiende del pago de las campañas

Grau declara como imputado por la financiación del PP en Valencia

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau llega a declarar como imputado.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se ha desentendido este lunes ante el juez del pago de las campañas electorales del PP en la ciudad, que están siendo investigadas por el juez que instruye el caso Taula. A pesar de que durante las dos décadas que actuó como hombre fuerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá Grau tuvo entre sus misiones la dirección de las campañas electorales, el exvicealcalde ha afirmado que nunca tuvo contacto con el dinero, y que su función consistía en armar el programa electoral.

Grau acudía a declarar en condición de investigado (imputado) en una pieza separada del caso que se abrió por un supuesto blanqueo de capitales en la campaña de 2015 y se ha ampliado a un presunto delito electoral (financiación ilegal) tanto en esos comicios municipales como en los anteriores, en 2011.

En contra de lo mantenido por la ex secretaria general del grupo municipal del PP María del Carmen García-Fuster, Grau ha afirmado que nunca se encargó de la contratación electoral, ni manejó fondos del partido, ni tuvo responsabilidades sobre la cuenta opaca al Tribunal de Cuentas que utilizó el partido para sufragar sus campañas y que el juez Víctor Gómez ha bloqueado.

Grau dimitió en 2015 como consecuencia de su procesamiento en el caso Nóos por los contratos concedidos por el Ayuntamiento de Valencia al instituto de Iñaki Urdangarin. Grau consideraba que la responsabilidad de aquellos acuerdos era de la exalcaldesa Barberá, que se libró de ser imputada por una decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano, y la relación entre ambos se rompió.

El exvicealcalde ha recordado que su salida del Ayuntamiento y su alejamiento del partido a principios de 2015 le impidieron participar en a la campaña electoral de ese año, en el que Barberá volvió a ganar las elecciones pero sin margen suficiente para gobernar.

Origen de la investigación

La investigación del caso Taula arrancó con la entrega de varias horas de conversaciones a la Fiscalía por parte de la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez. Las cintas habían sido acumuladas por el exgerente de Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa) Marcos Benavent, y en ellas aparecía él mismo tratando amaños y repartos de comisiones con diversos cargos del PP.

Una de las dirigentes grabadas por Benavent, que desde hace un año y medio colabora con la Fiscalía, fue María José Alcón. En aquel momento Alcón era concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia, y en las cintas se le oye negociar el amaño de la rehabilitación de las Torres de Quart y de la adjudicación del espacio cultural La Rambleta.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino el teléfono de Alcón en la primavera de 2015. Casi inmediatamente, Alcón, que iba a volver presentarse en la lista electoral de Barberá tras haber pasado unos años como asesora municipal, fue captada hablando de "dinero negro" procedente de "comisiones" que el PP de Valencia supuestamente guardaba.

También describió con detalle la presunta operación de blanqueo de parte de esos fondos que estaba teniendo lugar para financiar la campaña municipal de 2015. El conocido como pitufeo consistía en que cada concejal y empleado del grupo municipal ingresaba 1.000 euros en la cuenta opaca del partido y recibía la misma cantidad en billetes de 500 de manos de la secretaria general administrativa, García-Fuster.

Alcón fue detenida en enero en la gran redada que desarticuló la trama de Taula. Su marido se libró inicialmente por no haber participado en la campaña de 2015. Pero al ampliarse la investigación a la supuesta financiación ilegal del PP desde 2011, el juez también lo ha imputado.

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