El juez imputa a dos exdiputados socialistas y a uno del PP en Taula

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El juez del caso Taula ha llamado en calidad de imputados a tres exdiputados en las Cortes Valencianas dentro de la pieza que investiga la supuesta contratación irregular de personal en la empresa de la Diputación de Valencia Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa). Se trata de los exparlamentarios socialistas Rafael Rubio y Raúl Pardos, así como del popular Salvador Enguix, que han sido citados para el 7 de octubre.

El caso más claro, según fuentes de la investigación, parece la del exdiputado popular. Enguix certificó que una contratada por Imelsa había trabajado efectivamente en la empresa pública. Pero esta misma empleada ha declarado que nunca lo hizo.

En el caso de Rubio se le llama a declarar por la contratación de dos personas que estuvieron en nómina bajo la condición de asesoras, y los investigadores tratan de averiguar si fue o no así. En este caso no existe un desmentido rotundo por parte de las contratadas como sucede con Enguix.

Rubio, que ocupa un cargo en el Ayuntamiento de Valencia, dimitirá si continúa como investigado después de declarar ante el juez instructor Víctor Gómez, han indicado a Efe fuentes del grupo municipal socialista. El asunto ha sido abordado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, con el alcalde Joan Ribó.

La pieza sobre los supuestos falsos contratados de Imelsa, en ocasiones personas que no realizaban ninguna labor o que la desarrollaban en cuestiones vinculadas con los partidos pero al margen de la Corporación provincial, ha perdido fuerza desde que se inició. Diversas personas que fueron imputadas inicialmente han acabado finalmente exculpadas por el juez.

La investigación de esta pieza, en la que se investigan los supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación, se basa en gran medida en las declaraciones efectuadas por el exgerente de Imelsa y ahora colaborador de la Fiscalía, Marcos Benavent.

El exgerente ha afirmado ante el juez que las contrataciones no respondían a necesidades de la empresa y que muchos de ellos no desempeñaban función alguna en Imelsa. La entrada de estos trabajadores se habría hecho, además, enmascaradas bajo epígrafes como el de las brigadas provinciales dedicadas a la extinción de incendios.

El juez y el fiscal están a la espera de que la Intervención General de la Administración del Estado presente un informe sobre las contrataciones y la forma de realizarlas antes de fijar una postura definitiva sobre el asunto. Los investigadores no descartan que los supuestos delitos queden en meras irregularidades administrativas, al menos en la mayoría de los casos.

El magistrado ha decretado en la misma pieza el archivo de las actuaciones contra dos sindicalistas de UGT, padre e hijo, que trabajaron en Imelsa. El instructor señala que uno de los trabajadores pactó su salida de la empresa condicionándola a que se aceptara la contración de "determinadas personas".

"Podrá criticarse desde criterios de imparcialidad y concurrencia", señala el juez, "las exigencias o condiciones al parecer articuladas" por el dirigente sindical. Pero ello "no implica en lo sustancial resultado malversador".