El Marañón busca desde hace seis meses al médico que cedió tejidos de pacientes
El exjefe de Anatomía Patológica está imputado por una presunta malversación de caudales públicos
El hospital Gregorio Marañón lleva al menos medio año tratando de localizar al que fue poderoso jefe de servicio de Anatomía Patológica del centro, Emilio Álvarez. El médico, imputado por una presunta malversación de caudales públicos en un juzgado de Madrid, sigue siendo, pese a estar jubilado desde septiembre de 2014, el único responsable del contrato con la empresa TriStar bajo el cual miles de muestras de tejido humano han salido del hospital para ser posteriormente comercializadas por esta compañía intermediaria. El Gobierno de Cristina Cifuentes trata ahora de cancelar ese contrato.
Los responsables jurídicos de la Comunidad de Madrid están tratando de encontrar una manera de resolver el acuerdo con TriStar, que en principio estará vigente hasta julio de 2019 (se firmó en ese mes de 2014 por cinco años). A nadie pareció extrañarle en aquel momento que Álvarez propusiera un contrato de tan larga duración cuando estaba a solo dos meses de jubilarse. Pese a que el médico ya no era jefe de servicio, durante más de un año siguió dando instrucciones a un equipo de técnicos que preparaba las muestras de tejidos que se le entregaban a TriStar.
Dejó de hacerlo poco después de resultar imputado en un caso de malversación —una presunta trama de médicos, dirigida por él, usaba medios públicos del hospital para hacer pruebas de clínicas privadas— que investiga un juzgado madrileño. Desde entonces, ha estado desaparecido para el que fue su hospital durante más de cuarenta años. Los responsables del instituto de investigación del centro y de la dirección llevan seis meses tratando de localizarle porque el proyecto está activo, pero no hay nadie al mando.
Sin documentación en los archivos
Siete folios. La única documentación escrita que tiene el Gregorio Marañón sobre la salida de las muestras son siete folios en los que el Comité Ético de Investigación Clínica aprueba otros tantos proyectos de investigación de Álvarez. Solo consta el título. ¿Qué ocurrió con esos proyectos? "No se ha cerrado ninguno", reconocen los responsables del centro. Tampoco consta ninguna publicación científica relacionada con ellos.
Contradicciones. El médico sostiene, a través de sus abogados —rehusó hablar con EL PAÍS—, que fue la Consejería de Sanidad madrileña la que en 2009 le planteó la colaboración con TriStar y que fue invitado a una reunión. El hospital lo niega y asegura que el proyecto lo propuso él.
Álvarez no ha contestado a las peticiones del hospital y se ha desentendido del acuerdo con TriStar, que solo entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015 ha permitido la cesión de más de 4.300 TMA (micromatrices de tejidos) o bloques divididos (un bloque de parafina que contiene una porción de muestra). Cada TMA puede contener a su vez hasta centenares de muestras de distintos materiales biológicos. TriStar ha estado obteniendo prácticamente gratis esos trozos de antiguas biopsias del hospital público, que después vende a distintos laboratorios o empresas farmacéuticas, que las utilizan en sus investigaciones. En el mercado internacional, un solo TMA cuesta entre 200 y 1.500 dólares, dependiendo del número de tumores que incorpore y de la rareza de estos.
Según el hospital, la salida de material biológico para TriStar acabó en diciembre pasado. Llevaba produciéndose desde 2009, cuando Álvarez firmó el primer acuerdo con esta empresa. Aquel contrato, a diferencia del actual, sí reconocía los “propósitos comerciales” de la relación. El vigente pasó el examen de la cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto, que elaboró el informe jurídico en el que se basan los responsables del hospital para asegurar que todo es, además de legal, ético.
Sin embargo, y pese a defender esta postura en público, el Gregorio Marañón ha paralizado la actividad de envío de muestras y trata de rescindir el acuerdo sin tener que indemnizar a TriStar. El hospital argumenta que aceptó el trato con esta empresa porque se ofreció a instalar en el centro dos máquinas de última generación y los equipos necesarios para procesar y fabricar los TMA, lo que permitiría llevar a cabo investigaciones a los facultativos del centro. Ahora reconoce que no se hizo ninguna investigación. Las máquinas permanecen en una sala cerrada desde que la fundación de investigación despidió a las dos últimas técnicas que trabajaban en el proyecto con cargo a los fondos de TriStar. “Álvarez creó una especie de biobanco privado y le dio la exclusividad a una empresa, sin que sepamos a cambio de qué”, asegura una fuente del hospital que exige anonimato.
El centro afirma que la cantidad ingresada en función de los contratos con la empresa (462.247 euros) se ha empleado básicamente en pagar nóminas, reactivos y otro material de laboratorio, y que de la gestión de los fondos no se encargaba el investigador, sino la fundación.
Sobre lo que sí tenía absoluto control Álvarez es sobre la documentación que acredita que todo se hizo correctamente. El hospital no conserva copia de nada.
El único responsable
A lo largo de la investigación sobre el destino de los miles de muestras que han salido del Marañón, EL PAÍS solicitó copia de los proyectos de investigación para los que supuestamente se iban a utilizar las muestras. El hospital reconoce que no los tiene y que es el propio investigador el que los guarda. Es decir, Álvarez, con el que no pueden contactar desde hace más de seis meses.
El hospital tampoco conserva unos documentos clave para saber qué muestras salieron del archivo y con qué objeto: los acuerdos de transferencia de material (MTA, material transfer agreements, en inglés), un tipo de contrato que se emplea en la cesión de las muestras de material biológico. Ni uno de esos MTA en base a los cuales la empresa TriStar sacó del hospital los trozos de biopsia se conserva en los archivos del centro. Una vez más, solo Álvarez los tiene en su poder, según responsables del hospital, que aseguran, pese a todo, que lo ocurrido es completamente legal.
El PSOE llama al consejero a explicarse en la Asamblea
El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, dará explicaciones en la Asamblea sobre el caso de la cesión de muestras humanas. El grupo parlamentario socialista ha presentado dos peticiones de comparecencia, una en el pleno y otra en la comisión de Sanidad, para que informe “sobre los contratos habidos en el hospital Gregorio Marañón con la empresa TriStar para la cesión de tejidos tumorales de pacientes del hospital”. El portavoz socialista de Sanidad, José Manuel Freire, también ha solicitado que el hospital remita “los textos completos de los proyectos de investigación” y los “documentos de cesión de muestras” que acrediten para qué se cedieron los tejidos tumorales de miles de pacientes que nunca dieron su consentimiento a que una empresa se lucrara con su material biológico. “Este tema merece ser investigado a fondo para que los responsables tengan que asumir su responsabilidad en lo que resulte ilegal o inadecuado, pero sobre todo para que no se repita en otros centros”, señala Freire.
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