El exconsejero Blasco quiere confesar para evitar más prisión

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El exconsejero valenciano Rafael Blasco lleva un año y dos meses en la cárcel de Picassent por malversar, en 2008, fondos de la ayuda al desarrollo. Septuagenario y condenado a seis años y medio, Blasco quiere evitar que las dos piezas separadas del caso que siguen abiertas alarguen aún más su estancia en prisión. El exconsejero y el resto de imputados insisten en llegar a un acuerdo con las acusaciones: confesar los hechos a cambio de sentencias suaves que no impliquen cárcel o lo hagan en grados muy bajos. La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular, plantea la principal oposición al acuerdo por considerar muy leves las penas que llevaría aparejadas tras el daño provocado al sector de la cooperación.

Sin el visto bueno de las ONG no se puede cerrar un acuerdo frente al que también mantienen reservas, aunque no tan pronunciadas, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat, que tienen muchos frentes abiertos en otras causas judiciales.

La coordinadora de ONG está convencida de que existen pruebas suficientes para obtener nuevas condenas yendo a juicio. Un poderoso indicio de ello es un auto dictado por la juez instructora, al que ha tenido acceso este periódico, que concluye que las convocatorias de ayudas a la cooperación valencianas de 2009, 2010 y 2011 también fueron “objeto de amaño”. Y que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía utilizó una “lista blanca-lista negra”.

Su aplicación supuso excluir a determinadas ONG de las subvenciones pese a la calidad de sus proyectos. Y aseguró la entrega de fondos a organizaciones desconocidas en el sector y vinculadas a la red, aunque presentaban propuestas “deficientes”.

Un ejemplo de ello, desentrañado por la juez a través de los testimonios de los intervinientes y el análisis de correos electrónicos, fue el de la ONG Fudersa. Sus dos proyectos de “desarrollo agrícola y empleo a la mujer” en República Dominicana en 2009 fueron valorados por los técnicos como “insuficientes para ser subvencionados”. Pero la puntuación fue hinchada después por la Generalitat “sin que constase causa alguna” para ello, con el fin de que recibiera fondos, afirma la magistrada. Fudersa, que recibió 1,9 millones en 2009, carecía de experiencia en la materia subvencionada, “tenía una capacidad limitada tanto en medios materiales como humanos” y se había dedicado hasta entonces a “recoger ropa, juguetes y medicamentos para remitirlos a República Dominicana”.

La tesis de la investigación es que el dinero recibido por las ONG vinculadas a la trama no se destinó a los proyectos, sino que fue repartido entre los escalones de la red.

El Tribunal Supremo consideró probado ese modo de actuar respecto a ayudas del año 2008. Y ordenó el ingreso en prisión de Blasco y otras seis personas. El exconsejero fue descrito como director de la red formada por altos cargos de su departamento y responsables de entidades que funcionaban como “chiringuitos” montados para obtener fondos de la Administración.

Acusaciones y defensas creen que los hechos pendientes de juzgar pueden acarrear penas similares a las de la primera sentencia firme. De ahí el deseo de la veintena de investigados por cerrar un acuerdo. Las penas de prisión planteadas en la propuesta que se ha negociado son mínimas o inexistentes. Las de inhabilitación rondan en varios casos el año y medio. Y el pago de la responsabilidad civil por los fondos presuntamente malversados no está garantizado.

Fuentes de las defensas lo justifican argumentando que el dinero público, de haber sido realmente defraudado, se habría gastado o invertido en bienes cuya reventa no cubriría las cantidades originales.

Fuentes de la Coordinadora de ONGD aseguran que no se oponen a un acuerdo que dé por terminado el caso y deje negro sobre blanco lo que ocurrió. Aceptan que todo pacto de conformidad implica una rebaja en las penas, pero consideran que el acuerdo debería ser en proporcionado a los hechos. Algo que en su opinión no cumplen las ofertas puestas sobre la mesa.