Patrimonio Nacional da luz verde a la primera exhumación en el Valle de los Caídos

En julio de 1936, Manuel Lapeña fue sacado de la cárcel de Villarroya de la Sierra, localidad cercana a Calatayud, por miembros de la Falange. Estaba en prisión porque era uno de los fundadores de la delegación comarcal del sindicato CNT. Fue fusilado en el barranco de la Bartolina, a las afueras del pueblo zaragozano. Allí mismo fue enterrado en una fosa común. Su hermano pequeño, Antonio, había conseguido escapar de los falangistas, pero decidió entregarse a los franquistas; le asesinaron en la tapia del cementerio del pueblo. Su cuerpo acabó en el mismo paraje que el de su hermano.

Más de dos décadas después, en 1959, el Ministerio de Gobernación de Franco (homólogo al Ministerio de Interior actual) decidió trasladar los cuerpos de varias fosas comunes al Valle de los Caídos. Entre ellas estaba la que se ubicaba cerca del Barranco de la Bartolina. Así lo certificó el abad benedictino de la basílica de Cuelgamuros. Los apuntes son tan exhaustivos que incluso detallan la posición de los restos procedentes de esa comarca: en el columbario del tercer piso de la Cripta del Sepulcro. Los hermanos Lapeña acabaron enterrados junto a Franco y Primo de Rivera.

“Mi padre está enterrado junto al asesino, al mayor criminal. ¡Es un insulto!”, contaba el pasado mayo a EL PAÍS Manuel Lapeña, de 93 años. “Quiero enterrarlo como es debido, junto a mi madre, en su pueblo”. Hace dos meses, el juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial reconoció “el derecho a la digna sepultura” reclamado por la familia Lapeña: avaló exhumar los cuerpos. Pero Patrimonio Nacional, organismo que gestiona el Valle de los Caídos, dijo que la sentencia no era firme. Ahora lo es.

“En un primer momento [la demanda comenzó en 2012 por la vía penal y arrancó de nuevo en 2014 por la civil] Patrimonio aportó un informe que afirmaba que no se podía exhumar en el complejo. Después, el organismo se negó a acatar la sentencia y reclamó la firmeza de la decisión judicial. “Ahora nos encontramos que dicen que dan luz verde a la exhumación, pero han pedido dos informes más”, lamenta Eduardo Ranz, abogado que ayuda desinteresadamente a familiares de represaliados y que representa a la familia Lapeña. Aunque Patrimonio repite que cumplirá “escrupulosamente” las resoluciones judiciales en cuanto se notifiquen, ha solicitado un informe al Consejo Médico Forense, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en Zaragoza, para estudiar el estado de las galerías. “Lo hacen ahora, cuando podían haberlo hecho antes”, apunta el abogado Ranz. El organismo repite que en cuanto tenga ambos informes, procederá a cumplir la sentencia: abrirá las puertas del mausoleo franquista.

“Esa respuesta en ningún caso se corresponde con el cumplimiento del auto”, denuncia Ranz, que se queja de que “están dilatando la entrega inmediata de los cuerpos”. “Así no están haciendo ningún favor a nadie. Deberían cumplir la Constitución”, añade el letrado.

Esta sentencia firme representa el primer caso de exhumación judicial en el Valle de los Caídos que aplica el articulado de la perpetua memoria. Este procedimiento de jurisdicción voluntaria, utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias, fue rescatado por el Tribunal Supremo en un auto de 2012 donde cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero señalaba la civil. Sin embargo, el año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que datan de 1881, a los que el abogado Ranz había recurrido para solicitar la exhumación. Esto no afectó al procedimiento de la famila Lapeña porque su proceso había comenzado antes del cambio.

De Cervantes a Neruda

La familia ya cuenta con la ayuda de un reconocido equipo forense: el de Francisco Etxeberria, que ha abierto cerca de 200 fosas comunes del franquismo y ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, del expresidente chileno Salvador Allende o del poeta Pablo Neruda. Exhumar en el Valle de los Caídos sería uno de sus grandes retos profesionales: “No hay ningún sitio igual en el mundo”, reconoce el forense.

Por ahora tendrán que esperar a los informes reclamados por Patrimonio: “Puede retrasar la aplicación de la decisión judicial más o menos un año”, dice Ranz, “pero se la sentencia es firme y se va a aplicar”. Han pasado 57 años desde que los cuerpos de los hermanos Lapeña fueran trasladados al Valle de los Caídos. Un año parece poco tiempo, pero para Manuel Lapeña es demasiado: tiene 93 años y quiere enterrar a su padre y a su tío con su familia.