El juez exculpa a Prat y Manté de coaccionar al Ayuntamiento de Reus

No hay indicios para seguir investigando las presuntas coacciones que Carles Manté y Josep Prat habrían ejercido sobre el Ayuntamiento de Reus para asegurarse salir exonerados de la trama de corrupción Innova. Así lo manifiesta el juez instructor de la macrocausa judicial, en un auto que levanta el secreto de sumario sobre la que se conoce como pieza 13 del expediente y que ha hecho pública el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El juez de Reus desmonta la teoría de los investigadores de la Guardia Civil, según la cual Manté, exdirector del Servei Català de la Salud (CatSalut), y Prat, expresidente del Institut Català de la Salud (ICS) y principal encausado por el caso Innova, movieron hilos para presionar a Carles Pellicer, alcalde de Reus, y a Teresa Gomis, exteniente de alcalde.

La línea argumental de los investigadores de la Guardia Civil derivaba de la documentación aparecida en los domicilios de Josep Prat, en Tarragona, y de Carles Manté, en Mataró.

La detención y el registro de las viviendas de Prat y Manté, en febrero del 2013, puso a cuerpo descubierto una gran cantidad de documentación sobre Innova y otras operaciones relacionadas con la sanidad pública catalana. La Guardia Civil descubrió una cartera de piel de la marca Balmain Paris con papeles manuscritos en los cuales el exdirector del CatSalut trazaba una presunta estrategia de presión contra altos cargos del ayuntamiento de Reus.

Con estas maniobras, Manté habría pretendido que no se descubrieran las facturas que cobraba del holding de empresas municipales y asegurarse no salir salpicado de las prácticas irregulares a Innova. En el documento figuran expresiones como “carnaza contra el alcalde”, “alcalde hacer bajar el suflé; abrir expediente informativo” y “preparado documento contra Teresa y alcalde”. En cuanto a Prat, la Guardia Civil sospechaba que el expresidente del ICS tenía información comprometida de familiares de Pellicer y Gomis y que estaba dispuesto a hacerla pública si no lo protegían.

A pesar de todo, el auto judicial resuelve ahora que "no hay rastro que las presiones, si existieron, tuvieran suficiente entidad para tener relevancia penal".

Esta es la primera pieza del colosal expediente judicial que archiva el juez Diego Álvarez de Juan. En la resolución el juez aprovecha para hacer mención de la dificultad que implica investigar una causa como esta, con más de 110 imputados, desde un juzgado escaso de recursos como es el de Reus. Unos juzgados que, dice el magistrado, "están condenados a sobrevivir en un hundimiento insoportable y quizás infinito, hasta que no se creen más juzgados". En este contexto, admite que los plazos que se había fijado para instruir la causa "han saltado por los aires".

Gomis, bajo la lupa

Por otro lado, el juez también ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza 13, la que investiga un posible trato de favor del Ayuntamiento de Reus hacia el grupo Bon Preu. Fue la Guardia Civil quién, en un operativo que llevó a Teresa Gomis a pasar tres días en los calabozos, llevo a cabo varios registros para encontrar documentación que aclarara la venta de un solar municipal a la empresa Bon Preu. Los registros eran consecuencia de una denuncia anónima que había puesto los agentes sobre la pista de los supuestos privilegios que dispensaba el consistorio a la cadena comercial de Osona para que pudiera abrir un supermercado en la zona del Tecnoparc. El juez inició una investigación y localizó varias correos electrónicos intercambiados entre Teresa Gomis y Joan Font, propietario de Bon Preu, y donde quedaba clara la voluntad del Ayuntamiento de hacer una subasta a medida para adjudicar los terrenos a Bon Preu.

El juez instructor no señala directamente la comisión de ningún delito pero sí invita a la Fiscalía y a las acusaciones particulares a que valoren si aprecian la concurrencia de alguna conducta ilícita en la conducta de Teresa Gomis.