Los municipios gestionarán el dinero de la pobreza energética

La Generalitat delegará en los municipios y consejos comarcales la gestión de los 3,8 millones de euros que no se ejecutaron de la partida contra la pobreza energética. El Gobierno catalán espera que, con este dinero, se salde la deuda con las empresas suministradoras correspondiente a 2015. Se pagaría así por del consumo de las familias vulnerables a las que no se les ha cortado el servicio.

El actual dispositivo de la Generalitat para proteger a los pobres energéticos establece que, cuando una familia no pueda hacer frente a sus facturas y ésta certifique su vulnerabilidad a través de un certificado de los servicios sociales municipales, la empresa no ejecute el corte. La deuda, sin embargo, se le acumula a la Generalitat.

Bajo la nueva fórmula de colaboración —acordada entre la Generalitat, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios— serán los entes locales los que gestionen las ayudas de manera directa. Por un lado, podrán recuperar el dinero propio que ya han destinado a ayudas correspondientes a 201; por el otro, podrán pagar deudas pendientes. Los ayuntamientos y consejos comarcales interesados tienen hasta el 15 de octubre para adherirse al convenio. El importe máximo para cada ente será de 300.000 euros.

Este mecanismo es radicalmente diferente al usado el año pasado. Empresa puso en marcha, entonces, una línea de subvenciones. Las empresas suministradoras pasaban la factura de las deudas que acumuladas de aquellas familias con el informe. Solo se gastaron 1,1 millones de euros de la partida disponible, de cinco millones (el 22%). La consejera de Trabajo Social y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, explicó que el nuevo sistema surge de “la autocrítica” hecha ante el fracaso de aquel mecanismo. Bassa agregó que las ayudas se pueden complementar con las que se fijan en los contratos programa que firma la Generalitat con cada Ayuntamiento. También están las líneas de ayuda del Área Metropolitana, el Ayuntamiento de Barcelona o de entidades como Cáritas.

Deuda desconocida

El consejero de Empresa, Jordi Baiget, declinó ayer revelar a cuánto asciende la deuda total de la Generalitat con las suministradoras, especialmente las eléctricas. El consejero explicó que se ha impedido el corte a 33.000 familias entre 2015 y 2016, pero se ignora cuántas facturas son por cada una. La Generalitat espera que, con el dinero que queda, “se ponga a cero” el contador en 2016.

El propio Baiget dijo en enero que quedaban al menos 28.644 recibos por pagar, aunque tampoco entonces especificó la cantidad. La ley contra los desahucios y la pobreza energética plantea que se llegue a convenios con las empresas para que den ayudas a fondo perdido. Esos convenios, sin embargo, son solo voluntarios.