Google, la puerta del infierno de los editores

En 2015, Penguin Random House Grupo Editorial presentó en todo su dominio (América Latina y España) unas 88.000 denuncias para que se retiraran de la Red descargas ilegales de sus libros. “El 98% de los accesos a esas páginas se hicieron desde Google”, acusa Núria Cabutí, directora general del sello. “Google no debería ser la puerta de entrada de la piratería a nuestro sector”, le había precedido unos minutos antes, excepcional telonero de lujo, el director general de la división de Librerías del Grupo Planeta, Jesús Badenes. La acusación, clara y contundente, de ambos cobraba mayor virulencia al haber sido hecha mientras tenían a su izquierda al director general de Google Playbooks y Google News para España y Portugal, Luís Collado. El marco, la tercera y última jornada, ayer, del foro Edita Barcelona promovido por el Gremio de Editores de Cataluña y la Universidad Pompeu Fabra, no hizo más que amplificar la denuncia.

Estoico, y convertido en Hades, Collado se defendió asegurando que su compañía sufre una “esquizofrenia digital” porque “Google está vendiendo contenidos digitales en un porcentaje ya de dos números y, por otro lado, nos dicen que favorecemos la piratería digital; pero si la piratería es digital va contra el libro digital y eso quiere decir que nuestro Google Play Books es el primer afectado”, contraatacó. Y ante una nueva acometida de Cabutí (“sabes perfectamente lo que nos cuesta que saquéis los libros que se venden ilegalmente en Google”), el representante del buscador documentó que “en los últimos 30 días hemos dejado de ingresar en Google 87 millones de páginas afectadas por reclamaciones de derechos de autor”. Pero no era día de concesiones versallescas: “¿Qué tanto por ciento de esas páginas corresponden a España? Ya sabes que es bajísimo; la responsabilidad moral de Google y de otras empresas tecnológicas como puerta de acceso a esa piratería es ingente”, redobló raudo Badenes.

Fue el momento álgido de la tensión de una mesa redonda que, a partir de entonces, ya analizó el problema desde una mirada más global, con cierta autocrítica y disparando, luego, hacia la Administración. Así, Collado achacó en parte a los propios editores el origen de la situación actual al tardar en incorporar su oferta a la explosión digital, “generando así la idea en el lector de que si se quería acceder al libro digital era por la vía de la piratería”. Badenes reconoció que “los editores debemos desarrollar más modelos de negocio digital, con propuestas más atractivas de formatos, velocidad y precio”.

Quizá impregnado por esa fase de contrición, el representante de Google asumió su pasado de editor y abogó por “colaborar con el sector sentándonos juntos desde editores a quienes se benefician más o menos de la piratería digital, sean buscadores, proveedores de accesos, anunciantes y publicitarios”. Hasta reconoció, con cierto humor: “lucharé internamente en mi casa contra los molinos de viento de Internet”. Cabutí se centró más en la parte política: “En 2015, los editores españoles presentamos 27 denuncias a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura… Pues sólo se ha resuelto un caso; incluso hemos ofrecido ayuda económica para arreglar la falta evidente de medios jurídicos y ni se nos ha respondido”.

“Se han de promulgar leyes que den seguridad jurídica, claro, pero luego hacer también que esas leyes se cumplan”, se añadió al debate la presidente de la asociación de gestión de derechos CEDRO, Carme Riera, que cerró con su discurso un foro donde sólo las aportaciones analíticas de sus 35 participantes en sus 12 intensas sesiones ya justifican, según los organizadores, una segunda edición. En ella se intentará reforzar la presencia de expertos extranjeros, esperando ampliar el presupuesto (ahora, de 40.000 euros), conscientes de su singularidad hoy en España y de que es un instrumento de refuerzo de la imagen de Barcelona como capital editorial y, desde el pasado diciembre, Ciudad Literaria de la Unesco, una de las bazas por las que el consistorio es el principal patrocinador del foro.