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El fiscal pide 11 años de cárcel para el líder de CGT por la ocupación de la UAB en 2013

La Universidad retirará la acusación penal, pero reclamará por los daños causados

La última noche de ocupación del rectorado de la UAB, en 2013
La última noche de ocupación del rectorado de la UAB, en 2013

La causa por la ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2013 sigue su curso en los juzgados. La Fiscalía ha pedido penas de cárcel de entre 11 y 13 años para los 27 acusados, entre ellos el profesor de este centro y secretario general de CGT en Cataluña Ermengol Gassiot. Así lo explicó ayer Eduardo Cáliz, el abogado de algunos de los acusados, entre los que hay 25 estudiantes y un trabajador administrativo. La nueva rectora del centro, Margarita Arboix, anunció por su parte, que la universidad retirará como acusación penal, distanciándose así de la línea que había defendido el anterior equipo directivo, pero se mantiene en el proceso para exigir la responsabilidad civil derivada de los daños causados.

Gassiot y varios de sus compañeros están acusados de cuatro delitos: desorden público, violación de domicilio jurídico, daños y coacción. Además, según explicó Cáliz, el fiscal también pide indemnizar con 383.000 euros a la UAB por los daños generados durante la protesta. El Ministerio Fiscal además pide 13 años de cárcel para otro grupo de siete universitarios.

En abril de 2013, un grupo de estudiantes de la Coordinadora de Asambleas de Facultad decidió encerrarse en el rectorado como forma de protesta por el incumplimiento por parte del rectorado de una batería de mociones aprobadas por el Claustro de la Universidad. Se pedía, por ejemplo, que el centro se declarara insumiso ante la subida de tasas universitarias, un aumento salarias de profesores y personal de servicios y más transparencia en las empresas con actividad privada que trabajan en el centro. La ocupación se alargó un mes.

Los estudiantes además hicieron un escrache a la entonces vicerrectora de Estudiantes, Silvia Carrasco, que de acuerdo con los afectados fue una de las personas que dio información para identificar a las personas procesadas. La Universidad también presentó una denuncia. En marzo del año pasado, cuando se conoció que la ocupación había llegado a los juzgados, Gassiot criticó al entonces equipo directivo por intentar "ilegalizar la oposición política dentro del centro". En un comunicado, CGT ha calificado hoy las penas pedidas por la Fiscalía de “aberrantes”.

Cáliz pidió a la nueva rectora que completamente del proceso. Margarita Arboix respondió ayer que la UAB renunciará a ejercer la penal pero sí seguirá personada para reclamar la responsabilidad civil. “La universidad mantendrá las denuncias por los materiales que fueron rotos por los estudiantes, porque son bienes públicos”, afirmó en un acto en Rubí.