La alcaldesa de Benicàssim asegura que el Ayuntamiento no está implicado en ningún caso de corrupción
Susana Marqués señala que la Guardia Civil solo requirió información sin registrar el consistorio
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, del Partido Popular, ha asegurado que el consistorio benicense “no está implicado en ningún caso de corrupción” y ha relatado su “sorpresa” inicial al conocer por los medios de comunicación que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se dirigían al Ayuntamiento para requerir documentación.
Marqués ha hecho estas afirmaciones acompañada de los representantes del PSPV y de Ciudadanos en el municipio con los que ha mantenido una reunión. La alcaldesa, la secretaria municipal y el interventor ha trasladado a los responsables políticos los pormenores de la documentación que ayer requirió la UCO y la relación contractual del Ayuntamiento con la consultora CGI implicada en la operación Térmyca. Compromís y Ara Benicàssim han estado presente en la reunión pero han rehusado la invitación de la alcaldesa para comparecer ante la prensa.
En este sentido, los técnicos han relatado a los responsables políticos que la Guardia Civil pidió información sobre contrataciones con cuatro empresas. No obstante, el municipio tan solo mantiene una relación contractual con una de ellas, la consultora Coordinadora de Gestión de Ingresos SA, que gestiona la recaudación tributaria desde 2010.
Desde el equipo de gobierno se ha insistido en que la actuación de la Guardia Civil se basa en un requerimiento judicial dependiente del juzgado número uno de El Vendrell, Tarragona, y que en ningún momento los agentes tomaron declaración ni interrogaron a ningún técnico municipal o responsable político, sino que tan solo recabaron información y documentación.
Las seis bolsas que se llevaron los tres agentes que estuvieron durante cuatro horas en el Ayuntamiento contenían los expedientes de contratación y las memorias técnicas presentadas por las cuatro empresas que compitieron por la licitación del servicio de recaudación de impuestos municipales, que finalmente ganó la consultora investigada. Así mismo, los agentes requirieron la facturación relativa al ejercicio 2015.
El representante del PSPV, Miguel Alcalde, presente en la comparecencia con la alcaldesa por “lealtad al ayuntamiento y al municipio” según sus propias palabras, ha manifestado que “los expedientes son correctos, al igual que la facturación, por lo que no hay motivo para la alarma”. Alcalde ha insistido en que todos los equipos de gobierno, tanto el presidido por el Partido Popular como el anterior liderado por el PSPV con el apoyo del Bloc Nacionalista Valencià y Esquerra Unida, han actuado de manera correcta y que el municipio se ha visto salpicado por el daño colateral de una operación anticorrupción. En este mismo sentido se ha expresado Cristina Fernández, portavoz de Ciudadanos.
La consultora CGI ganó la licitación en 2010 y la prórroga de 2014, así como también ha sido la adjudicataria del nuevo contrato de marzo de 2016 y que se extiende hasta 2020. En esta última licitación llama la atención que la consultora renunciase a obtener beneficios por el cobro de los impuestos en la recaudación voluntaria. La empresa presentó una oferta de 100 euros más IVA para una partida que en el pliego estaba establecida en 280.000 euros. Este aspecto fue fundamental para la adjudicación, ya que el resto de empresas no igualaron esta oferta.
Los técnicos municipales dieron el visto bueno a la oferta presentada y no consideraron que la estrategia de la consultora pudiera suponer una baja temeraria. De hecho, durante los seis años de funcionamiento no ha habido ninguna factura extraordinaria fuera de contrato ni reparos de los funcionarios a los pagos presentados por CGI, según aseguraron ayer tanto la alcaldesa Susana Marqués como el representante del PSPV, Miguel Alcalde. También comunicaron que la consultora todavía no ha pasado ningún pago desde la adjudicación del nuevo contrato en marzo de este mismo año.
El representante de Compromís, Joan Bonet ha manifestado que confían en la labor de los técnicos municipales y en su criterio para validar administrativamente las licitaciones, aunque asegura “es necesario ser prudente”. Bonet ha añadido que “posiblemente las irregularidades no serán administrativas” y se muestra cauto ante la evolución de la investigación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
