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Castellana Norte denunciará al Ayuntamiento por anular el anterior plan Chamartín

Los promotores creen que el nuevo plan que promueve el Consistorio (Ahora Madrid) incumple el Plan General de Ordenación Urbanística

Varias personas observan una maqueta del proyecto Castellana Norte.
Varias personas observan una maqueta del proyecto Castellana Norte.

Los promotores de la anterior Operación Chamartín (Distrito Castellana Norte, la entidad bancaria BBVA y la constructora San José) han anunciado que llevarán al Ayuntamiento ante los tribunales por haber anulado el plan urbanístico pactado con la anterior administración municipal (del PP) para el desarrollo de esa parte de la ciudad. Creen que el nuevo plan que promueve el Consistorio (Ahora Madrid) incumple el Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado en 1997. Esta demanda se une a otra del Ministerio de Fomento (dueño de parte del suelo), que reclama más de 700 millones de euros.

El pasado 25 de mayo el pleno municipal, con el apoyo de Ahora Madrid y el PSOE, aprobó la derogación definitiva del plan Distrito Castellana Norte (una actuación urbanística sobre 3,1 millones de metros cuadrados en los terrenos que rodean la estación de Chamartín). El plazo legal para notificar a los promotores la decisión municipal era de diez días, algo que el Ayuntamiento ha superado, ya que el escrito oficial llegó a sus oficinas el viernes 24 de junio. Fuentes de las empresas que iban a desarrollar el plan anuncian la interposición de un contencioso por incumplimiento.

La inversión prevista en el desarrollo del Distrito Castellana Norte (rebautizado como Madrid Puerta Norte) que el Ayuntamiento ha anulado era de 6.049 millones de euros, lo que según un informe de la consultora PWC habría producido unos beneficios fiscales al Consistorio durante el desarrollo de unos 3.340 millones.

La operación habría generado 120.000 puestos de trabajo y la entrega a la ciudad de 1,3 millones de metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos urbanizados. Igualmente, la promotora estaba dispuesta a entregar 31 solares para la construcción de equipamientos públicos y la conclusión de nuevas infraestructuras de transporte. Entre ellas, dos nuevos nudos de comunicación en Fuencarral, la renovación de la estación de Chamartín, dos nuevas paradas de Cercanías y otras dos de metro.

Fuentes de la promotora explican que durante los años que se estuvo desarrollando el plan se mantuvieron 56 reuniones con técnicos municipales y se admitieron más de 2.000 alegaciones, que obligaron a mejoras superiores a los 100 millones de euros sobre los presupuestos iniciales. El trabajo final ocupaba 14.000 folios.

Por toda respuesta, el Ayuntamiento les remitió una carta de la alcaldesa y 26 folios en los que presentaba el nuevo plan que el Consistorio quiere poner en marcha y que reduce a la mitad la edificabilidad proyectada. Los promotores recuerdan que el coeficiente de edificabilidad previsto era de 1,05 metros cuadrados, frente a los 2,25 del barrio de la Défense en París o a los 4,45 del Canary Wharf, en Londres.

Fomento pide 700 millones

La futura demanda de los promotores se une a la que anunció el Ministerio de Fomento en mayo. El ministerio, en una carta enviada al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y firmada por el subsecretario de Fomento, Mario Garcés, y los presidentes de Adif y Renfe, anunciaba que iba a emprender "todas las acciones en Derecho" para reclamar al Consistorio los más de 700 millones invertidos en el desarrollo hasta el momento y que Fomento había adelantado en función de las futuras plusvalías: construcción de 17.699 viviendas y una zona financiera con el rascacielos más alto de la Unión Europea (70 plantas), además de áreas comerciales.

El nuevo proyecto municipal, que reduce las viviendas a 4.600, sustituye parte de las inversiones privadas por públicas. Este periódico no ha logrado la versión del Ayuntamiento sobre la demanda.

Un proyecto bloqueado dos décadas

La alcaldesa presentó el 11 de mayo un "documento abierto" que reducía la Operación Chamartín, diseñada en 1993 y bloqueada durante décadas por falta de consenso. El nuevo plan municipal disminuía las viviendas (de 17.000 a 4.600).

El PP denunció que el diseño no se sostenía porque necesitaba de la inversión privada para acometer las reformas de las infraestructuras. Carmena propuso asumirlas con dinero público. Las Administraciones implicadas (Ayuntamiento, Comunidad y Fomento) se han reunido en las últimas semanas en dos ocasiones sin llegar a ningún acuerdo.

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