La conversación de De Alfonso choca con la ley de la Oficina Antifraude

El director de la OAC rindió cuentas al ministro, le informó de investigaciones en curso y mostró intereses políticos

Daniel de Alfonso, en imagen de archivo.
Daniel de Alfonso, en imagen de archivo. Carles Ribas

Daniel de Alfonso pudo incumplir algunos artículos de la ley que regula la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) en su conversación con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En la reunión, que fue grabada, De Alfonso -elegido en 2011 por el Parlament para un mandato de nueve años- rinde cuentas ante Fernández Díaz y le detalla el estado de algunas investigaciones que afectan tanto al máximo dirigente de Esquerra (ERC) y actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como al entorno familiar del exconsejero Felip Puig, dirigente histórico de Convergència (CDC).

La Mesa del Parlament se reunirá hoy para analizar la situación creada tras la difusión este martes, por el diario Público, del contenido de esa conversación. Al director de la OAC lo escoge y lo cesa el Parlament, con una mayoría de tres quintas partes. Una de las causas que permite apartarle del cargo, según la normativa, es la "negligencia notoria y grave en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes del cargo". Del análisis de la conversación y del estudio de la ley que regula Antifraude se desprenden indicios de varios incumplimientos:

Rendir cuentas al ministro. En el encuentro, De Alfonso rinde cuentas ante Fernández Díaz, que le pregunta por varias investigaciones abiertas en torno a Esquerra y Convergència. "Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra, pero son muy débiles. Esa es la verdad, ministro". Con diligencia, el director le explicita no solo de los detalles de la investigación, sino de las gestiones que ha hecho o tiene previsto hacer para encauzar el asunto. La normativa de Antifraude, de 2008, recoge explícitamente que es una institución "independiente" y adscrita al Parlamento catalán, "a quien rinde cuentas". La norma sí prevé la "cooperación" con la Administración del Estado, pero para solicitar "datos y antecedentes" necesarios para una investigación. Y aunque también cita la posibilidad de realizar "entrevistas personales", esta tiene que ser también obtener "información relevante" sobre las investigaciones. En una entrevista en TV-3 el martes por la noche, De Alfonso defendió su charla con Fernández Díaz: "Yo me reúno con todos porque es mi obligación tener información cuando ellos piden reunirse conmigo".

Intencionalidad política. Sobre la investigación abierta a un hermano de Oriol Junqueras por las adjudicaciones de la empresa Cespa, De Alfonso explica: "Entonces, si además consiguiéramos tener algo que se sacara en el momento procesal oportuno de Esquerra, que hiciera también al presidente de la Generalitat decir «uy, no convienen tanto como decían porque a mí ahora juntarme con estos...» Bueno, también sería bueno". El comentario -la reunión se produce en otoño de 2014, poco antes de la consulta independendista del 9-N- muestra una intencionalidad política en la actuación de De Alfonso que es ajena a la naturaleza de la OAC, que debe actuar “con plena independencia y objetividad”. El director, agrega la ley, "no recibe instrucciones de ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones y actuaron sometimiento, en todos los casos, a la ley y el derecho".

El deber de secreto. La confidencialidad de las actuaciones de la Oficina Antifraude las recoge el artículo 18: hay que "asegurar la máxima reserva para evitar perjuicios a la persona o a la entidad investigadas". Todos los cargos, incluido el director, "están sujetos al deber de secreto, que perdura también después de que cesen en el cargo". La conversación, sin embargo, revela que De Alfonso ofrece detalles sobre investigaciones en marcha. Sobre la que afecta al hermano de Oriol Junqueras, admite que es "endeble", le da detalles sobre las adjudicaciones a Cespa y concluye, sobre las denuncias: "No es suficiente. Queremos más". También habla con profusión de la investigación a las cuñadas del exconsejero Felip Puig: "Trabajaban en un departamento de la Generalitat y por un decreto firmado por Francesc Homs se las colocó como eventuales e interinas para hacer sustituciones de baja por maternidad y demás en nivel A-27".

Investigaciones a la carta. El ámbito de actuación de la OAC es "el sector público de Cataluña". De Alfonso, sin embargo, informa al ministro de que está mirando "un enriquecimiento en el municipio de Puigcerdà del padre de Oriol Junqueras con temas de terrenos y demás". Además, no se trata de una investigación formalmente abierta, sino de una pista que sigue a partir de la información de terceros. Aunque la norma no dice nada de esto, de la conversación se desprende una suerte de "externalización" de las tareas de investigación en personas ajenas a Antifraude. Así lo expresa De Alfonso: "Yo estoy intentado convencer ahora al Grupo Planeta para que me haga una investigación, para que no aparezca nadie y no sea nada sospechosa, de una información que me llegó que no sé si es verdad, y por eso no me atrevo a tomármela como tal y lo externalizo para que alguien me lo averigüe como tal".

Sobre la firma

Jesús García Bueno

Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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