“No queremos prohibir la actividad privada de los hospitales públicos”

Al consejero de Salud, Toni Comín (Barcelona, 1971) le han bastado seis meses en el cargo para poner patas arriba el Departamento más denostado por los recortes. Es la primera persona que ocupa el despacho noble de la Maternitat (sede del Departamento) sin ser médico. Llegó en enero defendiendo que la sanidad catalana precisaba de un político —es licenciado en filosofía y ciencias políticas y ejercía de profesor en ESADE— para “rehacer el consenso” en el sistema sanitario. Y para ello, ha empezado por desandar el controvertido camino de su antecesor, Boi Ruiz, y echar atrás todas sus polémicas medidas: ni Consorcio Sanitario de Lleida, ni proyecto VISC+ de venta de datos sanitarios. Además, es el artífice de lo que autodenominó como la “mayor desprivatización del sistema sanitario” al echar de la red hospitalaria pública a proveedores con ánimo de lucro. El plan de choque pactado entre JxSí y la CUP, condicionado a la aprobación de presupuestos, prometía inyectar 100 millones de euros y un respiro a un sector extremadamente tensionado por los recortes. Pero todo ha quedado en papel mojado.

Pregunta. No hay presupuestos y por tanto, tampoco plan de choque. ¿Cómo repercutirá la prórroga presupuestaria en la sanidad catalana?

Respuesta. Salud ha perdido 317 millones, pero ahora no hay que lamentarse, sino ver qué compromisos previstos podremos hacer aunque no haya presupuestos. Uno claro que no se podrá hacer es el plan de choque para reducir las listas de espera. Tampoco la inversión en equipamientos. Y quedará muy afectado el plan estratégico de investigación e innovación (PERIS). Pero estamos intentando salvar las inversiones territoriales (Viladecans, Terrassa, Sabadell, Mataró), una parte, aunque sea pequeña, del PERIS y toda la oferta de plazas para residentes.

P. ¿Habrá más recortes en sanidad?

“No se podrá llevar a cabo el plan de choque para reducir las listas de espera”

R. No habrá más recortes porque el presupuesto de 2016 es la prórroga del de 2015 y estamos delante del mismo esquema de ingresos y gastos. Lo que sí es cierto es que hay unos gastos en 2016 que no se habían hecho durante en 2015 [el aumento del 1% del sueldo de los empleados o la subida de tarifas de los hospitales]. Hay que ver cómo se va a reasignar el presupuesto de manera que este gasto adicional tendrá que compensarse con medidas de ahorro en otro campo.

P. El centro privado Clínica del Vallès abandonará la red pública en verano. ¿Cómo se articulará la expulsión de otros cuatro hospitales con ánimo de lucro?

R. Sólo contaremos con operadores con afán de lucro en los territorios donde con el resto de proveedores no tenemos suficiente, por ejemplo en Lleida y Girona. Allí los hospitales públicos no podrían asumir toda la actividad y por eso el contrato con la Ponent y Clínica Girona sigue en vigor. En el Hospital General de Catalunya hay que ver qué parte de la actividad se puede hacer a través de los proveedores públicos de la misma zona y se trasladará la actividad el 1 de enero. El caso de Sagrat Cor es más complejo porque tiene una población de referencia y hay que ver quién se puede hacer cargo de la gestión de este hospital.

P. ¿El Clínic, por ejemplo?

R. Habría la hipótesis, entre otras muchas, de que el Clínic se convirtiese en el responsable de la gestión del Sagrat Cor. No se trata de pasarle la actividad al Clinic con el mismo personal y presupuesto que tiene, sino ver qué proveedor se hará cargo del Sagrat Cor. El Clínic está muy cerca de ese hospital y es una posibilidad entre otras.

P. ¿Está a favor de que los hospitales públicos hagan actividad privada?

R. No queremos prohibir la actividad privada de los operadores públicos porque es una fuente de financiación a la que no podemos renunciar. En estos momentos hay muchos proveedores públicos que cuadran su presupuesto gracias a esa actividad privada que hacen. Lo que tenemos que hacer es regularla bien para minimizar todos los riesgos de equidad que esta actividad genera.

P. Barnaclínic es el paradigma. ¿Qué va a pasar con ella?

“Habría la hipótesis, entre otras, de que el Clínic asumiese la gestión del Sagrat Cor”

R. Barnaclínic no es el ejemplo principal por el que mantenemos la actividad privada en los centros públicos porque quién más necesita hoy hacer actividad privada son otros hospitales del territorio. Pero en esta política de mejora de la equidad, una de las medidas que hay que tomar es la conversión de la figura jurídica responsable de esta actividad privada en organizaciones sin afán de lucro.

P. ¿Está a favor de fórmulas controvertidas como las UGAP o las EBAS en atención primaria (AP)?

R. En AP estamos abriendo un proceso de participación con profesionales y expertos para poner encima de la mesa un plan estratégico de reforma de la AP. Y soy partidario de que, en el marco de la trasposición de la directiva europea sobre contratación de servicios sociales públicos, la economía social tenga preferencia, como la cooperativa de pediatras del Pirineu. La legitimidad social de la economía social como operador de un servicio público es mayor y por tanto será posible que haya proveedores en AP más allá del Instituto Catalán de la Salud en la medida que estén especialmente legitimados.

P. Llegó para rehacer el consenso y estos seis meses se ha dedicado a deshacer las medidas de Boi Ruiz. ¿Fue él quién rompió el consenso?

R. Yo no me lo he planteado en términos de deshacer. Estoy intentando aplicar mis principios y convicciones en las decisiones que tomamos. El consenso ha sido clave para el éxito de nuestro modelo sanitario. Es verdad que en los últimos años la disminución de los presupuestos y la evolución del mapa político había tensionado este consenso pero ahora es importante rehacerlo.