Una operación urbanística fallida de Arpegio le cuesta a Cifuentes 42 millones

Una de las operaciones llevadas a cabo por Arpegio —empresa pública del suelo investigada en la trama Púnica y cuya liquidación ha anunciado Cristina Cifuentes hace pocos días—, finalizó con el embargo de 42,6 millones de sus cuentas corrientes. La decisión judicial provocó una falta de liquidez en la sociedad, que tuvo que recibir un préstamo de 15 millones del Gobierno de Cristina Cifuentes que, a su vez, se lo pidió a Arproma, sociedad también 100% pública. El juez, una vez saldada la deuda, ha levantado el embargo.

La sociedad Parque Temático de Madrid está constituida por diversas sociedades propietarias de un terreno de 5,5 millones de metros cuadrados, que incluye el parque de ocio de la Warner. Uno de los dueños del suelo es la Comunidad de Madrid, que vendió, a través de Arpegio, varias parcelas en 2007 a la inmobiliaria Fadesa. La edificabilidad total era de casi medio millón de metros cuadrados.

Tras la venta, Arpegio se comprometió con Fadesa a tramitar una modificación del plan general de urbanismo de San Martín de la Vega con el objetivo de incrementar la edificabilidad de todo el ámbito. Al mismo tiempo, se incluyó en el contrato una cláusula penal indemnizatoria de 32,8 millones a cargo de Arpegio y que protegía a Fadesa en el caso de que no se cumplieran los planes acordados. Recibiría ese importe si la edificabilidad no alcanzaba los 666.500 metros cuadrados. La fecha tope para llevar a cabo la recalificación era agosto de 2013.

El proceso dio sus primeros pasos con éxito. El pleno municipal aprobó la modificación del plan que implicaba pasar de 825.000 metros cuadrados edificables en toda la zona (incluida las parcelas de Arpegio) a 1,13 millones. Todas las fuerzas políticas lo apoyaron (PSOE, PP e IU). “Era bueno para el municipio”, asegura su actual alcalde, el socialista Rafael Martínez. La Comisión de Urbanismo del Gobierno regional no puso pegas a la recalificación.

Pero la empresa Bosques del Sur, que está radicada en San Martín de la Vega, denunció el acuerdo en la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya en 2009, sentenció que “la verdadera y auténtica finalidad de la modificación recurrida fue posibilitar que Parque Temático Madrid, S.A., recuperara su equilibrio patrimonial y pudiera liquidar toda la deuda que le era exigible en ese momento”. Los jueces lo explicaron así: “La modificación [que pretendía Ayuntamiento y Comunidad] no responde a una razón urbanística de carácter municipal ni a criterios de ordenación territorial, ni se justifica en una razón de interés público”.

“Salvar una sociedad”

Y añaden: “Solo obedece al único designio de salvar una sociedad [Parque Temático SA], cuyo capital social pertenece en un 60% a entidades mercantiles privadas”. Y señala a FCC, Caja de Ahorros, Fadesa, ACS, Ferrovial, Dragados, entre otras. La decisión afectó de lleno a la transacción realizada por Arpegio con Fadesa que esperaba el incremento de edificabilidad prometido. Pero Fadesa no denunció a Arpegio, sino que fue Friera, que le había comprado a su vez las parcelas a la primera. Le reclamó al Gobierno en 2014 los 32,8 millones de indemnización más otros 9,8 de intereses y costas.

Finalmente, un juzgado condenó a Arpegio a pagar 42,6 millones por no haber cumplido el contrato. El Gobierno Cristina Cifuentes no disponía de la liquidez necesaria en Arpegio y terminó sacando el dinero de otra empresa pública, Arproma. La presidenta anunció hace unos días que va a cerrar Arpegio y pasar parte de su negocio (venta de suelo) a Arproma.