Sin rastro de la tierra prometida

Tres días de viaje, más de 3.500 kilómetros de distancia, 80 euros por el trayecto en autobús y ni rastro de la tierra prometida. Hace una semana que Dumitru Radulescu, 53 años, llegó a Madrid desde Putineiu, en la región de Teleorman, a 90 kilómetros de Bucarest, la capital de Rumanía. Cuenta su peripecia tendido en un colchón, bajo la sombra de uno de los árboles del asentamiento ilegal en el que vive. Vino a la calle de Miguel Yuste por recomendación de su hijo Ioan, que vivía aquí hasta hace unos días, cuando volvió a su país cansado de rebuscar entre la basura objetos que vender sin ganar apenas para comer. "Me dijo que podría sacar un poco de dinero, pero no se puede", lamenta Dumitru, que está deseando volver a casa. Mientras echa un trago a la litrona que acaba de comprar, narra como horas antes han recibido una visita inesperada: la de la policía municipal.

Los agentes requirieron el 7 de junio la documentación de los ocupantes de este solar yermo de 1.789 metros cuadrados en el que se erigen nueve chabolas. Pudieron contabilizar hasta 14 personas, el doble de las que llegaron en abril. EL PAÍS, sin embargo, ha podido comprobar que el número de habitantes de la colonia supera la veintena. El terreno, en el distrito de San Blas, pertenece al Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), según consta en el Registro de la Propiedad. "Hace unos días llegó un señor del banco. Nos dio un mes de plazo para venderlo todo y para que desalojáramos", ha explicado Mario Radulescu, marido de Gabriela y padre de Geoní. Los tres son los únicos ocupantes que permanecen aún del asentamiento original, aquel en el que levantaron en abril cinco infraviviendas con materiales encontrados en la calle.

Esa sigue siendo su principal actividad: rebuscar entre la basura y vender, a un precio ínfimo, lo que encuentran. Toman un carro de la compra y pasan de contenedor en contenedor con la esperanza de toparse con algún mirlo blanco. Cuando han amontonado bastante material llaman a Cosmin, un compatriota que lleva nueve años en España. Tiene un pequeño camión, un Nissan modelo Ebro de color blanco en el que, por un "módico precio" (él dice que la gasolina, los clientes que un porcentaje), transporta los objetos hasta plantas de reciclaje como la de Vicálvaro. El dinero que obtienen por cada porte oscila entre los 50 y los 100 euros. 

El 7 de junio no pudieron completar su particular ciclo de la basura. Cosmin entró con su camión al terreno, vallado con alambres, y cargó. Pero no pudo salir de él porque un Fiat punto de color verde había aparcado ante el acceso. Esta vez se habían olvidado de colocar el frigorífico viejo y arañado para evitar que estacionaran, motivo por el cual la policía recibe frecuentemente las quejas de los vecinos. Tras un rato esperando a que el conductor del vehículo apareciera, Cosmin tuvo una idea: alentó a sus compatriotas a que retiraran el coche en volandas. La propietaria, que se encontraba en un bar cercano y presenció la escena, llamó a la policía. Se personaron seis agentes que tomaron los datos a los chabolistas. La intención, según la policía municipal, es completar un informe para encontrarles un sitio donde puedan vivir en mejores condiciones.

Censo de asentamientos ilegales

El censo del Ayuntamiento, fechado el 31 de marzo, dice que en Madrid existen al menos 135 asentamientos ilegales en los que malviven 1.346 personas. De ellas, 877 son rumanos de etnia gitana, como los que habitan en la calle de Miguel Yuste. “Conocemos los nombres [de los inquilinos], sus enfermedades, sus parentescos, hasta si tienen perro o no”, aseguró la concejal de Derechos Sociales, Marta Higueras, el 5 de mayo en un pleno monográfico sobre el tema. La edil subrayó que no es fácil conocer esos datos, ya que las cifras varían semana a semana.

Las palabras de Higueras las valida el incesante movimiento que tiene esta colonia de Miguel Yuste. Uno de sus habitantes es Cristi Sterian, de 38 años. Solo lleva una semana en Madrid (no habla ni una palabra en castellano) y ya está deseando volver a su hogar, en Teleorman. Su cuñado le animó a venir y ahora se ha ido. Ante las acusaciones de pertenecer a una red criminal, Cristi se defiende: "No nos mueve ninguna mafia, venimos buscando un futuro". Ese, dicen quienes viven en el asentamiento con Cristi, es el motivo que les trae a España.

Los vecinos de la zona aseguran haber notado un incremento del asentamiento en las últimas fechas, pero el Ayuntamiento no puede certificar esos datos porque aún no ha actualizado las cifras de marzo, aunque están en ello. Mientras, intenta poner en marcha el plan de choque que aprobó el pleno municipal en mayo. La intención era actualizar el mapa de asentamientos, reforzar los servicios sociales (con más dinero y medios), y establecer “cauces de cooperación” con Rumanía para atajar la inmigración. Ahora Madrid fue el único partido que votó en contra al considerar que la iniciativa era “innecesaria y redundante”.