Vecinos y AGE ven ilegal y “mafioso” el acuerdo del Gobierno de Rajoy en favor de Reganosa

La prórroga a Ence no es la única decisión del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy que ha sacudido Galicia. El acuerdo para eximir de manera “excepcional” a la planta de gas de Mugardos (A Coruña) del trámite de evaluación ambiental para agilizar su legalización ha indignado a los vecinos de su entorno y a Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Tanto el Comité Cidadán de Emerxencia, que agrupa a los colectivos ciudadanos contrarios a la planta, como el viceportavoz de la formación política, Antón Sánchez, aseguran que la medida es ilegal, ya que, detalla AGE, la legislación no prevé como excepción en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental “casos como el de una planta regasificadora, mucho menos cuando el objetivo es amparar la continuidad” de una infraestructura “cuyas autorizaciones fueron anuladas por sentencias firmes del Tribunal Supremo”.

El Gobierno de Rajoy ha reconocido que eximir a la empresa Reganosa de los trámites ambientales es una medida “excepcional” que solo busca ayudar a la compañía a legalizar la planta, después de que los tribunales hayan anulado, 14 años después, las autorizaciones que recibió el complejo de las Administraciones del PP. “Es propia de un Gobierno que desprecia el cumplimiento de la ley e incluso carece de la más mínima ética democrática cuando se trata de defender determinados intereses empresariales”, censura AGE sobre una medida que para el Comité Cidadán de Emerxencia "retrata a un gobierno corrupto y al margen de la ley".

La planta de gas de Mugardos fue impulsada por el Gobierno de Manuel Fraga pese a la oposición de los vecinos, que vieron como se levantaba el polémico complejo de regasificación a pocos metros de sus viviendas y obligando a los gaseros a sortear el escaso calado de la ría de Ferrol. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha ampliado recientemente en nueve millones de euros la participación pública en Reganosa, un proyecto ideado por el empresario Roberto Tojeiro que recibió desde el principio inyecciones millonarias de fondos autonómicos. La planta también ha contado con el apoyo de PSOE y BNG, que recientemente, sin embargo, han reconocido que su emplazamiento fue un error y han pedido su traslado.

AGE, la fuerza política más combativa con la regasificadora, reclama a la Xunta que recurra en los tribunales la “decisión mafiosa” del Consejo de Ministros de eximir a la empresa de la tramitación ambiental. “Feijoo tiene que definirse. O está con los intereses generales de los gallegos y gallegas o está del lado de la empresa”, señala el viceportavoz de AGE, quien sostiene que el acuerdo del Consejo de Ministros presidido por Rajoy “viola manifestamente la legalidad y la doctrina del Supremo y el Tribunal Constitucional. Sánchez sostiene que en una sentencia de 2012, el Supremo ya tumbó un acuerdo de exclusión de trámite ambiental en el caso del Centro Penitenciario de Pamplona, “anulando la decisión del gobierno en base a una disposición idéntica a la que aplica ahora el Gobierno de Rajoy.

La plataforma ciudadana contra a la regasificadora de Mugardos ha anunciado que utilizará todos los recursos jurídicos a su alcance para intentar revocar el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros en favor de Reganosa.