La juez desbloquea la investigación del fraude en el IVAM

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La magistrada que investiga el supuesto fraude en la gestión del IVAM ha desbloqueado la causa con el nombramiento de dos peritos que deberán valorar una serie de obras de arte compradas por el instituto de arte moderno valenciano con precios presuntamente hinchados. La causa está centrada en la etapa en que Consuelo Ciscar dirigió el museo.

La instructora, del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, tuvo que esperar seis meses y amenazar con imputar por desobediencia a los responsables de la dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura para que estos designasen a tres personas expertas capaces de valorar las adquisiciones.

Una vez nombrados, la juez ha elegido a dos de ellos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata de la jefa del área de colecciones del Museo Reina Sofia, de Madrid, y la subdirectora general de Promoción de Bellas Artes. Esta última había trasladado al juzgado que le era imposible aceptar en encargo al formar parte del consejo rector del IVAM en representación del ministerio desde noviembre pasado.

La magistrada ha rechazado la excusa al considerar que su nombramiento fue posterior a los hechos que se investigan en el IVAM. Ciscar dirigió el instituto desde 2004 a 2014, periodo en el que se compraron las 13 obras cuyo precio quiere tasar la juez. Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat se habían opuesto a que la subdirectora quedase eximida de ser perito.

Para justificar su decisión, la juez recuerda que la ley establece pocas excepciones a la obligación de "acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial". Las causas son: "El parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo, el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante y la amistad íntima o enemistad manifiesta".

La magistrada ya tuvo que imponer su criterio frente a la dirección general de Bellas Artes, que se negó inicialmente, apoyándose en un dictamen de la Abogacía del Estado, a seleccionar a los peritos. Para ello alegó que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español no estaba obligado a colaborar en un proceso judicial para determinar el valor de obras ya adquiridas por una Administración autonómica.

La juez recibió el amparo del Consejo General del Poder Judicial ante la negativa del departamento del Ministerio de Cultura. Y manifestó que la falta de cooperación del ministerio le impedía contar con un informe sobre las obras de arte, lo que impedía el avance de la causa judicial.

La magistrada investiga por los supuestos delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad a Ciscar, cuatro antiguos subdirectores del IVAM y un empresario que suscribió contratos de transporte con el instituto de arte moderno. La actuación de todos ellos implicó presuntamente "un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo".

Las irregularidades habrían afectado, además de a los acuerdos de transportes y a la compra de obras, a la contratación de publicaciones.

Ciscar es esposa de Rafael Blasco, el exconsejero que cumple condena en la cárcel de Picassent por haber malversado fondos de la Generalitat destinados a la ayuda al desarrollo cuando formaba parte del Gobierno del expresidente Francisco Camps. Hace unos días la magistrada amplió la investigación del caso IVAM al hijo de ambos, al considerar que pudo ser cooperador en el fraude cometido en el museo. La instructora acordó diligencias dirigidas a averiguar el patrimonio del hijo de la exdirectora del instituto de arte, si bien el Tribunal Superior valenciano precisó que de momento este no tiene la condición de investigado (imputado).