La Generalitat ha cobrado ya 714.644 euros por el impuesto a la aviación
El tributo grava la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida durante el despegue y aterrizaje de los aviones comerciales
La Generalitat ha empezado a cobrar el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida durante el despegue y aterrizaje de los aviones comerciales, un tributo por el que ha percibido hasta el momento un total de 714.644 euros.
El departamento de Economía de la Generalitat da cuenta de "estos primeros ingresos" en el balance de sus tributos correspondiente al mes de febrero, que es cuando se empezaron a obtener ingresos por este impuesto. En octubre de 2014 el Parlamento catalán aprobó una ley por la cual se creaban tres nuevos impuestos medioambientales: el mencionado sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial; el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y un tercero sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.
El Gobierno español presentó en julio de 2015 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley, pero lo limitó al impuesto a las nucleares, de forma que el tributo a la aviación comercial sigue en vigor.
El Gobierno catalán se propone recaudar con este impuesto a la aviación comercial un total de 3,93 millones de euros este año; los 714.644 euros ya cobrados corresponden a las autoliquidaciones presentadas entre el 1 y el 20 de febrero por los afectados por este impuesto, las aerolíneas en este caso. Este tributo propio de la Generalitat grava la emisión de óxidos de nitrógeno de las aeronaves en vuelos comerciales de pasajeros en los aeródromos durante el despegue, el aterrizaje o la circulación por la pista por el riesgo que genera para el medio ambiente.
Aunque la Generalitat no entra en detalles del importe abonado por cada compañía ni revela cuántas lo han pagado, las principales aerolíneas obligadas a abonar este impuesto son las que más usan El Prat de Llobregat, como Vueling, Ryanair o EasyJet, principalmente. Antes de la aprobación de este impuesto, tanto Vueling como Ryanair expresaron su oposición a dicho tributo, por entenderlo discriminatorio.
En junio de 2014, en pleno debate sobre el nuevo impuesto, el entonces presidente de Vueling, Alex Cruz, advirtió de que cualquier nueva tasa para las compañías aéreas afectaba a la demanda y la oferta de pasajeros y que, aunque Vueling no se iba a ir de Barcelona por dicho impuesto, no podía decir lo mismo de las aerolíneas extranjeras. Están excluidos de tributo los vuelos efectuados por aeronaves medicalizadas, por helicópteros destinados al transporte de enfermos o bien los vuelos destinados a servicios públicos, como la toma de imágenes del tráfico, la cartografía, la lucha contra incendios u otros servicios análogos.
La base imponible del impuesto está constituida por la cantidad, en kilogramos, de óxidos de nitrógeno emitida durante el ciclo LTO (Landing Take Off), es decir, durante el despegue y aterrizaje de una aeronave. En concreto, el tipo impositivo general es de 3 euros por kilogramo de óxidos de nitrógeno y el reducido es de 1,5 euros. En cambio, el impuesto a las nucleares, que en lo que va de año ha aportado 11,87 millones de euros a las arcas de la Generalitat, ha quedado anulado.
A finales de abril, el Tribunal Constitucional lo anuló por entender que la producción de energía eléctrica nuclear ya está gravada por el tributo estatal a la producción de combustible nuclear. En total, la Generalitat pretendía recaudar con este impuesto un total de 40,29 millones de euros en este ejercicio.
Asimismo, el Gobierno catalán espera obtener medio millón de euros en 2016 con el impuesto sobre la emisión de gases a la atmósfera por parte de la industria, aunque de momento no ha obtenido ingresos por esta vía. En los últimos meses, el consejero de Economía, Oriol Junqueras, ha denunciado que el Estado se dedica a torpedear todos los intentos de la Generalitat para obtener ingresos. En este sentido, la Generalitat censura que el Tribunal Constitucional también haya dejado en vía muerta el impuesto catalán sobre los depósitos o el que grava los pisos vacíos.
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