Los alcaldes presionan al Govern para que dialogue con eléctricas y banca

Los municipios consideran que hay margen para actuar pese al veto del Constitucional

A pesar de la unidad con la que el mundo municipalista, las entidades sociales y la Generalitat abordaron el recurso del Gobierno central a la ley antidesahucios y contra la pobreza energética, algunos municipios echan de menos más compromiso con la parte de la norma que no fue recurrida. Por ello, alcaldes y la comisión promotora del texto suspendido están presionando al Gobierno catalán para que siente en la mesa a las empresas suministradoras y a la banca, y corresponsabilizarlas en la ayuda a las familias vulnerables. Prácticamente todos los ayuntamientos metropolitanos aprovecharon un encuentro el pasado martes en el Área Metropolitana para celebrar una primera reunión y abordar el tema conjuntamente.

Tras la cumbre de todas las partes, el 3 de mayo tras conocerse el recurso del PP, el Departamento de Gobernación de la Generalitat ha llevado la batuta de las conversaciones para diseñar un nuevo instrumento legal que dé cobijo a los artículos recurridos de la ley 24/2015, todos referentes a herramientas para luchar contra los desahucios. Por ejemplo, la obligación a facilitar alquiler social a una familia afectada o la cesión obligatoria de pisos. Ya ha habido varias reuniones y las partes ven con optimismo los avances.

En esas reuniones de seguimiento participan tanto la Asociación Catalana de Municipios (ACM) como la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), unas instituciones que los ayuntamientos consideran interlocutores válidos, pero que no tienen experiencia en la primera línea de la trinchera contra los desahucios o la pobreza energética que tienen ciudades como Barcelona, Terrassa, Sabadell o Sant Cugat. Las entidades municipalistas, dicen los alcaldes, se encargan de otras cuestiones, mientras que quién ha abordado las consecuencias de la crisis y ya tiene herramientas rodadas para afrontar la pobreza energética o los desahucios son las ciudades.

“La Generalitat tiene que diseñar el futuro, pero alguien tiene que encargarse de cubrir el mientras tanto”, asegura el segundo teniente de alcalde de Sabadell, Maties Serracant. Una idea que comparte la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que cree que los municipios pueden seguir ejerciendo presión hacia los bancos pero admite que, sin la ley, pierden fuerza. En LHospitalet, por ejemplo, hay 39 expedientes abiertos contra los bancos Santander y Popular: casos en los que, explica Marín, se negaron a hacer cesión de inmuebles.

Y dentro de ese mientras tanto, está utilizar las herramientas que el recurso del Gobierno en funciones del PP no tocó de la ley 24/2015. En específico, las que tienen que ver con la pobreza energética, donde claramente se establece la obligación de las empresas suministradoras de comunicar a los servicios sociales municipales los casos —para comprobar la situación socioeconómica de las familias— antes de realizar un corte por impago y de “garantizar que concedan ayudas a fondo perdido” para pagar las facturas de las personas vulnerables. “Casi diez meses después no se ha firmado ningún convenio con las suministradoras”, recuerda María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

“Los municipios pequeños tienen muy poco margen de presión ante las entidades financieras y las suministradoras, de ahí que la negociación de estos convenios deba hacerse en bloque”, sostienen desde el consistorio barcelonés.

Hasta ahora es el mundo local el que ha mantenido el peso de las facturas impagadas de las personas vulnerables. La Alianza contra la Pobreza Energética solicitó a la Agencia de Consumo que en dos semanas se realice una reunión con las empresas suministradoras, la Generalitat y los ayuntamientos para acercar posiciones. “Si las empresas insisten en no cumplir la ley, queremos que esa voluntad se haga pública”, dice Campuzano.

Las suministradoras insisten en que ya ayudan a las familias vulnerables a través del bono social o de líneas de ayuda propia de cada empresa, como en el caso de Agbar. Pero todo al margen de la ley antidesahucios. En Barcelona solo Iberdrola comunica a los servicios sociales los impagos para verificar que no se trate de personas en situación de vulnerabilidad y evitar los cortes. “Con las empresas hay diálogo, pero hay margen para que lo hagan más fácil”, añade Marín.

La APE también critica la decisión de la Generalitat de revivir el fondo solidario contra la pobreza energética, una bolsa común para pagar las facturas y que en teoría debería ser nutrido preferiblemente de aportaciones de las empresas. “En este momento tenemos dos definiciones de vulnerabilidad. La de la ley 24/2015 es más garantista que la que se da para crear el fondo” de la Generalitat, critica Campuzano.

Sobre la firma

Camilo S. Baquero

Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.

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