Competencia investiga un cartel en empresas de autobuses de Gipuzkoa

La Autoridad Vasca de la Competencia ha incoado un procedimiento sancionador contra la Diputación de Gipuzkoa, 25 empresas de autobuses y la asociación empresarial Avitrans por la supuesta "realización de prácticas anticompetitivas" en el sector del transporte de autobús en este territorio. Las inspecciones realizadas en diciembre pasado han llevado a este organismo a iniciar una investigación al considerar que las compañías de autobuses podrían haber actuado como un cartel para "repartirse el mercado" y "acordar los precios".

La agencia de Competencia ha difundido este viernes una nota informativa en la que da cuenta del expediente abierto a varias compañías de transporte, entre las que figura EuskoTren, dependiente del Gobierno vasco, Tolosaldea Bus, Transportes Pesa e Iparbus, además de la Diputación guipuzcoana.

El procedimiento sancionador abierto por Competencia hace constar la existencia de "indicios racionales de infracción" del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) por parte de las empresas, que habrían formado un cartel con la finalidad de "repartirse el mercado y acordar los precios del transporte de viajeros en Gipuzkoa en sus diversas modalidades".

Las sospechas de apaños tienen "carácter provisional", explica Competencia, a la espera del resultado de la instrucción que comenzará ahora. La incoación del procedimiento sancionador no prejuzga el resultado de la investigación, que deberá resolverse en un plazo máximo de 18 meses desde el inicio de las averiguaciones.

Competencia comunica asimismo que "la investigación de los carteles constituye una de las prioridades" de su actuación, "dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados".

Para ello cuenta, entre otros instrumentos, "con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cartel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten su detección".

Tras conocerse esta decisión de Competencia, la diputada de Movilidad de Gipuzkoa, Marisol Garmendia, ha indicado que el actual Gobierno foral "no tiene nada que ver" con el caso que se investiga porque "están referidas a los años 2015 y 2014 y décadas anteriores", aunque ha mostrado su "absoluta disposición" a colaborar en aclarar los hechos.

"Este es un problema que nosotros nos encontramos ahora, pero que no tenemos ni arte ni parte", ha manifestado la diputada foral. Ha explicado que las últimas seis líneas investigadas que salieron a concurso corresponden a los ejercicios 2014 y 2015, cuando Bildu estaba en el gobierno, y ha recordado que todas ellas están además recurridas por una empresa, cuyo nombre no ha facilitado.

La Autoridad Vasca de la Competencia cerró recientemente el expediente abierto contra las ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores públicos que convoca el Departamento de Educación del Gobierno vasco, a las que impuso una sanción económica de 18 millones de euros, la más elevada que ha impuesto en su trayectoria.

En aquella resolución, Competencia consideró probado un reparto del mercado durante al menos diez ejercicios a cargo de las adjudicatarias de los comedores escolares. Esta concertación provocó "un grave quebranto a las arcas públicas y a las personas usuarias del servicio", según el citado organismo.