La Fiscalía aprecia seis delitos en el sobrecoste de las obras de la lonja de Pasaia
El presidente del puerto no ve “de momento” indicios de delitos en las presuntas irregularidades
La Fiscalía de Gipuzkoa ha remitido una denuncia a un juzgado de San Sebastián para que investigue las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la lonja de Pasaia y su posible encaje en al menos seis tipos penales, han señalado a EFE fuentes jurídicas.
El Ministerio Fiscal ha remitido al juzgado de guardia de San Sebastián una denuncia con envío de las diligencias practicadas hasta el momento para que sea el juez el investigue los hechos y decida si encajan en los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.
Antes de conocerse esta decisión del juez, el presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Ricardo Peña, ha declarado este jueves por la mañana que "hasta el momento no existe ningún indicio de delito" en el sobrecoste millonario en las obras de la construcción de la nueva lonja de pescado, que ha sido denunciado por la Abogacía del Estado ante la Fiscalía de Gipuzkoa para que investigue si pudieran existir irregularidades administrativas. Una auditoría revela la existencia de desfases presupuestarios en la ejecución del proyecto de la lonja, cuyo presupuesto inicial era de 14,9 millones de euros pero podría suponer un gasto final superior a los 20 millones.
El máximo responsable del Puerto de Pasaiaha asegurado que el Ministerio Público no se ha puesto aún en contacto con la autoridad portuaria y que las auditorías sobre la ejecución de las obras de la lonja está aún por finalizar. "Hasta el momento no hay ningún indicio que pueda determinar que existe un delito que justifique que se haya llevado este tema a la Fiscalía", ha afirmado a los periodistas en un acto junto a la consejera de Medio Ambiente, Ana Oregi, para presentar la conexión peatonal entre los barrios de La Herrera y Trintxerpe.
La Abogacía del Estado, que forma parte del consejo de administración del Puerto de Pasaia, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si las presuntas irregularidades detectadas en el desfase presupuestario de la lonja pesquera pudieran ser constitutivas de un delito. La decisión del abogado del Estado se produjo a pesar de que la mayoría de los consejeros del puerto votó en contra de remitir el caso al fiscal.
Las obras de construcción de la nueva lonja de Pasaia se iniciaron en noviembre de 2011 con un presupuesto de 14,9 millones y un plazo de ejecución de 26 meses, por lo que tenía que estar terminado a finales del año pasado. Los trabajos aún no han terminado y su coste final podría superar los 20 millones. La lonja de Pasaia, la tercera más importante de España, trasiega 25 millones de kilos de pescado al año.
El sindicato LAB, que también participa en el consejo del puerto, ha denunciado que el presidente de la entidad, Ricardo Peña, ya informó en una reunión celebrada en diciembre pasado de las "graves irregularidades" encontradas en las obras de la lonja pesquera. Este sindicato sostiene que, según las auditorías, el sobrecoste de las obras "estaría justificado", aunque se habrían cometido "irregularidades administrativas" por no tramitar los correspondientes modificados del proyecto original.
En marzo pasado, tras constatarse los desfases en las obras, el presidente Peña acordó el cese inmediato del director de la Autoridad Portuaria, Gregorio Irigoyen, la apertura de un expediente disciplinario al director de la obra (a la sazón jefe de infraestructuras de la autoridad), quien ha quedado apartado del proyecto.
El presidente del puerto, que ha dicho estar "a disposición" del fiscal, ha asegurado este jueves que las obras de la lonja "no están paralizadas", aunque "queda poco tajo". "Tenemos que regularizar aquellos aspectos que sean administrativos que se han detectado como irregulares y ese es el trabajo que hay que hacer y estamos haciendo", ha afirmado pese a los intentos de la consejera Oregi de impedir las preguntas sobre este asunto.
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