La jefa de gabinete de Barberá afirma que ignoraba las donaciones

El PP pide que se suspenda la comisión de investigación municipal a después del 26-J

Al fonso, Asunción Barberá, con su abogado, ante la comisión de investigación del caso Taula en el Ayuntamiento.
Al fonso, Asunción Barberá, con su abogado, ante la comisión de investigación del caso Taula en el Ayuntamiento. MÒNICA TORRES
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La exjefa de gabinete de la Alcaldía de Valencia y hermana de la exalcaldesa Rita Barberá, Asunción Barberá, ha dicho hoy que desconocía que se hiciesen donaciones -de concejales y asesores del PP- para financiar la campaña electoral de 2015. La funcionaria ha calificado de "rotundamente falso" unas declaraciones que le atribuyeron en las que habría dicho que "se habían pasado" pidiendo dinero para la campaña.

Asunción Barberá ha comparecido este martes, acompañada de su abogado Carlos Verdú, ante la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento de Valencia sobre el caso Taula. La exjefa de gabinete ha dicho que la relación de la Alcaldía con el Grupo Popular era "puramente administrativa" y ha especificado que ni pertenece al Grupo Popular municipal ni al citado partido. Sobre la participación de Barberá en los contratos municipales, Barberá ha afirmado que la regidora no acudía a las mesas de contratación y los contratos le llegaban solo "para la firma".

Al inicio de la sesión, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, ha solicitado nada más comenzar la sesión un aplazamiento de la comisión hasta que pasen las elecciones generales "dado que el objeto de la comisión no es otra que depurar las responsabilidades políticas" tras la investigación por blanqueo de los ediles y asesores del PP. 

Los asesores que se negaron a la donación, al paro

C. V., Valencia

En ausencia del exvicealcalde Alfonso Grau, los testimonios que más expectación han creado han sido los de los asesores que se negaron a realizar la donación de 1.000 euros para financiar la campaña electoral de 2015. Jesús Gordillo, asesor de Grau, es uno de ellos. Aunque no recibió ninguna amenaza, el exasesor admitió ayer que los cuatro empleados que se negaron se fueron al paro. El resto de compañeros, que si donaron el dinero, tienen todos empleo.

Gordillo ha explicado que no denunció porque carecía de pruebas y ha recordado que fue el asesor de Alcaldía Juan Pedro Gómez quien le pidió, de parte de Marí Carmen García Fuster, secretaria general del Grupo Popular, la donación, a la que se negó "por la forma en que se me dijo que se iba a devolver".

El presidente de la comisión, Carlos Galiana, ha calificado de "extraño" que dependiera del grupo municipal del PP la publicidad de la "cara no visible" de los mupis de publicidad y ha preguntado a Gordillo por ello. Éste ha dicho que así era y que cuando él necesitó ese espacio para promocionar el Santo Cáliz se dirigió a este grupo.

Monzó ha anunciado que solicitará la suspensión a la Junta Electoral y el presidente de la comisión de investigación, Carlos Galiana, de Compromís, le ha reprochado que no coopere con la investigación después de que el Grupo Popular, que tiene en sus filas a nueve concejales investigados por presunto blanqueo de capitales, apoyase la creación de la comisión.

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La edil socialista Sandra Gómez ha considerado improcedente suspender la comisión: "¿Acaso se suspenden los plenos del Ayuntamiento cuando hay campaña electoral?", ha aseverado la concejal del Gobierno local. Galiana, desde la presidencia, ha rechazado el aplazamiento y Jordi Peris, concejal de Valencia en Comú, ha criticado "las contantes trabas" del PP al trabajo de la comisión. Fernando Giner, de Ciudadanos,

La segunda sesión se ha iniciado una hora tarde después de que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se negase a recibir en su domicilio la citación del Consistorio, alegando que está judicializada y no se someterá a "un circo" dado que las comparecencias son abiertas a los medios de comunicación.

El Ayuntamiento de Valencia creó hace unas semanas una comisión de investigación municipal para depurar las responsabilidades políticas derivadas del caso Taula. La práctica totalidad del Grupo Popular de Valencia, ahora suspendido cautelarmente de militancia, se ha visto envuelto en una investigación por supuesto blanqueo de capitales.

En esta primera sesión han excusado su asistencia, a través de un escrito, dos asesoras municipales, testigos del caso, apelando al procedimiento judicial en marcha y a la recomendación de juez y fiscal de la causa.

Sí ha comparecido pero a puerta cerrada la exasesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia Arancha Martín, quien ha ratificado que el partido le pidió 1.000 euros para la última campaña que pensaban devolverle al poco tiempo en billetes de 500 euros que no podía ingresar en su cuenta bancaria. Ella se negó.

Martín se ha manifestado así a preguntas de los periodistas tras comparecer en la comisión que investiga la relación de contratos municipales con el supuesto blanqueo en el grupo popular, por el que están investigados medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP, además del propio partido.

Los concejales del PP investigados por presunto blanqueo serán llamados por la comisión en 15 días, si bien el portavoz municipal, Eusebio Monzó, adelantó que, en principio, entregarán a la comisión su declaración ante el juez por escrito pero no comparecerán. El grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas ha anunciado que citará a los concejales investigados a la comisión de investigación sobre el caso Taula prevista en el Parlamento.

Sobre la firma

Cristina Vázquez

Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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