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Los alumnos de 3º de primaria de la Comunidad de Madrid (cerca de 65.000 chicos y chicas de ocho y nueve años) y los de 6º (otros tantos de 11 y 12 años) pondrán a prueba a partir de mañana, martes, y durante toda la semana, sus destrezas en lengua castellana e inglesa, en matemáticas y, los mayores, también en ciencia y tecnología. Junto estas evaluaciones externas, los cuestionarios a las familias tratan de dibujar el contexto socioeconómico y cultural de los centros escolares, que resulta ser uno de los elementos que más condicionan los resultados educativos. El cuestionario contiene preguntas como a qué se dedican los padres, si trabajan o están en paro, si hacen los deberes con sus hijos o cuántos libros hay en el hogar, similares a las que se hacen con los famosos informes Pisa de la OCDE.

Estas preguntas se van a hacer en todas las comunidades donde se aplique la prueba, pero en el caso de la Comunidad de Madrid, se harán mediante un procedimiento que no cumple con la ley de protección de datos, según Artemi Rallo, diputado nacional por el PSOE de Valencia, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos. “La normativa estatal sobre las pruebas dice que se pasarán cuestionarios para establecer el contexto de los centros, pero eso no justifica hacerlo con cuestionarios, serán individualizados e identificados”, señala Rallo, que ha redactado un informe jurídico sobre el procedimiento a petición de los socialistas madrileños.

Los cuestionarios, según las instrucciones que la Consejería de Educación ha entregado a los centros, llegan a los colegios en formato digital. Allí se imprimen y se hacen llegar a las familias, que deben encabezar los impresos con un número (otorgado por el colegio) que identifica al alumno en cuestión. En el momento en que los datos son identificables, ya no son anónimos, asegura Rallo.

Cartas “engañosas”

Juan José Moreno, portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, dice que estas evaluaciones individuales “a edades muy tempranas” no tienen ningún sentido educativo, pero que, además, “en la Comunidad de Madrid se realiza el proceso sin cuidar las medidas elementales de privacidad, confidencialidad, seguridad y anonimato a las que ampara la Ley”. Moreno se queja, asimismo, de que en las cartas preparadas para remitir a las familias informándoles sobre las evaluaciones, se asegura a los padres que datos que faciliten serán completamente anónimos, lo cual es “una información errónea o engañosa”, asegura.

Las evaluaciones llevarán consigo tres cuestionarios de contexto: para directores (preguntan si hay medios suficientes, sobre el trabajo de los docentes o la colaboración de las familias); padres (sobre su situación personal y su contexto familiar); y alumnos (este, solo para los de 6º, les pregunta si están a gusto en el colegio, si faltan a menudo o la forma en que sus maestros les enseñan). Se trata de una gran cantidad de información sensible manejada, sin procedimientos de control, por los propios colegios, apunta el PSOE.

Además, al tratarse de información sobre menores, los padres deben dar su consentimiento explícito, según la ley de protección de datos, señala Rallo. Asimismo, se debería informar a las familias del destino, uso, cesión de los datos obtenidos y, entre otras medidas de seguridad, deberían crearse ficheros específicos declarados ante la Agencia de Protección de Datos y establecer un responsable de esos ficheros.

Por todo ello, el Grupo Socialista en la Asamblea y el PSOE de Madrid han iniciado el trámite para denunciar ante la Agencia de Protección de Datos la aplicación de estos cuestionarios. Además, invitarán a todas las asociaciones y grupos interesados a unirse a la denuncia.