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Los municipios de CDC adjudican un gran contrato a dos cargos del partido

La ACM asignó 740.000 euros a una empresa creada solo cuatro semanas antes

Ramon Llastarry, exgerente del Consell Comarcal del Maresme.
Ramon Llastarry, exgerente del Consell Comarcal del Maresme.

La Asociación Catalana de Municipios (ACM), vinculada a Convergència y que agrupa a más de 350 ayuntamientos catalanes, ha adjudicado un gran contrato de 749.000 euros una empresa controlada por dos cargos del partido en un concurso sin apenas competencia. Los beneficiados son dos personas con una larga trayectoria en Convergència: Ramon Llastarry y Josep Recaredo Vidiella. El primero ocupó hasta el año pasado la gerencia del Consejo Comarcal del Maresme, mientras el segundo fue hasta el mes de enero asesor en materia de Transparencia e Información Pública de la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs.

El servicio adjudicado, según las bases del concurso, es la intermediación en los contratos que la ACM firma con empresas privadas para ofrecer servicios a sus afiliados, una especie de central de compras que permite a los municipios obtener mejores precios. "La ACM comercializa estos servicios directamente a los ayuntamientos, pero con el concurso pretendemos extender la oferta a otros entes supramunicipales", como mancomunidades, consorcios o empresas vinculadas a los consistorios, entre otros, explica el secretario general de la ACM, Marc Pifarré.

El contrato adjudicado tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables a otros dos, según el contrato firmado entre la ACM y la empresa adjudicataria, Vectorcat. Pifarré insiste en que este no tendrá ningún coste para la entidad, puesto que la compañía conseguirá una comisión por los descuentos obtenidos por la compra conjunta. El primer año, la comisión ascenderá al 60% de los descuentos obtenidos, porcentaje que bajará al 45% el segundo año, al 15% el tercero y al 10% en los siguientes, hasta un importe máximo de 749.000 euros. Un dinero que si la ACM ofreciera directamente el servicio, como hace con los ayuntamientos, podría ingresar la propia entidad y no pagar a la empresa adjudicataria.

La tramitación del concurso, que tuvo escasa publicidad al ser solo anunciado en la página web de la ACM, presenta varios hechos llamativos. El primero es que, pese a la cuantía del importe licitado, solo se presentaron dos empresas. El segundo es la escasa entidad de las compañías aspirantes. La perdedora, Metallurgical Corporation (con sede en Salamanca) es una empresa con apenas un trabajador y que ni siquiera ha presentado al Registro Mercantil las cuentas correspondientes al ejercicio 2014. La empresa ganadora, por su parte, fue constituida el pasado 26 de noviembre, solo cuatro semanas antes de que el concurso fuera publicado, el 23 de diciembre, y por tanto carecía de experiencia alguna.

El tercer hecho significativo son las personas que están detrás de la empresa Vectorcat. En el momento de ser creada, fue nombrado administrador único José Recaredo Vidiella, que entonces era asesor de la consejera Borràs. Anteriormente, Vidiella había sido coordinador de Espacios Naturales en la Diputación de Barcelona. El 19 de enero, en el último cambio de Gobierno en la Generalitat y con el concurso aún tramitándose, Vidiella dejó el puesto de asesor de la consejera de Gobernación.

Según datos del Registro Mercantil, el pasado 25 de febrero, con el concurso ya ganado pero pendiente de firma, Vidiella también cesó como administrador de Vectorcat, cargo en el que fue sustituido por Xavier Llastarry, hermano del exgerente del consejo comarcal del Maresme. El contrato definitivo fue firmado el 3 de marzo y solo cinco días después, Vidiella y Ramon Llastarry entraron en la sociedad con el cargo de apoderados mancomunados, según el Registro Mercantil. El resultado de este baile de posiciones fue que, pese a controlar la empresa, ninguno de los dos cargos convergentes tuvo que estampar su firma en el contrato con la ACM.

Aunque formada por ayuntamientos y otras entidades municipales, de cuyas cuotas se financia, la ACM es una entidad sujeta al derecho privado, lo que le da libertad a la hora de contratar a sus proveedores. "Pese a ello, hemos querido dotarnos con unas normas internas que nos obligan a sacar a concurso estos contratos", explica Marc Pifarré. "Hemos cumplido estrictamente con estas normas y las bases del concurso", sigue el secretario general de la ACM, que asegura que desconocía los lazos entre Vectorcat y los cargos de Convergència. Sobre la escasa concurrencia al concurso, Pifarré afirma que "esto no es un hecho que dependa de la ACM". "Nosotros publicamos el concurso en nuestra web e incluso extendimos el plazo de presentación de ofertas para dar opciones a más empresas", añade.

Vidiella, por su parte, pide que no se relacionen sus cargos políticos con la empresa ni la adjudicación. "Creamos la empresa porque vimos que existe esa necesidad y nos presentamos a un concurso publico que hemos ganado. Ramon y yo ya no estamos en Convergència. No se nos puede pedir que renunciemos a desarrollar una nueva carrera profesional", afirma. Vidiella también insiste en que la ACM, "aunque tenga un presidente y un secretario general que son del partido, es una entidad con ayuntamientos de otros partidos".

La imagen de la ACM, actualmente presidida por el convergente Miquel Buch (alcalde de Premià de Mar, situado en la comarca del Maresme), se ha visto en los últimos años golpeada por un grave caso de corrupción, destapado por EL PAÍS en febrero de 2012. Tras dos años de investigaciones, el juez instructor consideró acreditado que dos altos cargos de Convergència (Josep Maria Matas y Xavier Solà) se apropiaron de más de un millón de euros de la entidad. El fiscal les pide cinco años de cárcel por los delitos de malversación y falsedad documental.

Investigacion@elpais.es