La juez cita al Ministerio de Cultura por las trabas en el informe del IVAM
La magistrada denuncia las "trabas" que está encontrando para conseguir el dictamen
La juez que investiga en Valencia el supuesto fraude en la gestión del IVAM ha citado a un alto cargo del Ministerio de Cultura para que explique "las trabas" que está encontrando para recibir el informe de valoración de una serie de obras de arte adquiridas por el museo de arte moderno. La magistrada solicitó el dictamen hace cinco meses a la dirección general de Bellas Artes y todavía no lo ha recibido, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La instructora considera que la falta del informe de valoración mantiene paralizada la investigación y le impide interrogar a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno Consuelo Ciscar, principal imputada en la causa.
Fuentes del Ministerio de Cultura han afirmado que la petición de la juez escapa de las competencias de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes, a la que encargó el dictamen. Según Cultura, que cuenta con un informe de la Abogacía del Estado en tal sentido, la Junta de Calificación puede fijar, entre otras valoraciones, la de obras “exportadas ilegalmente” o que vayan a ser donadas al Estado. Pero “no está obligada” a “determinar valores de bienes que ya han sido adquiridos por otra Administración”. Motivo por el cual ha decidido “no entrar a valorar la solicitud realizada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia”.
La respuesta fue enviada por carta a la juez el lunes pasado, agregan las fuentes. El informe de la Abogacía del Estado considera que la tasación “sería más adecuadamente realizada por un perito judicial experto en arte”.
La juez cree que el museo pagó "importes no justificados por obras de arte", lo que produjo "un claro lucro para terceros", lo que constituiría un delito de malversación de caudales públicos. A Ciscar y otras cinco personas —cuatro exdirectivos y un empresario— se le atribuyen también los delitos de prevaricación y falsedad documental.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha citado para este viernes al secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Ministerio de Cultura para que explique "los motivos que impiden la presentación del informe". La comparecencia podría ser evitada, añade la juez, "si antes del señalamiento se presenta el informe requerido".
Entre las obras compradas por el IVAM bajo sospecha figuran algunas del artista Gerardo Rueda, según consta en el sumario, en el que se cita también a su heredero José Luis Rueda. “Se adquieren obras de arte años después de fallecido el autor sin que este las hubiese realizado, sino que se contrata a una fundición [Capa] para que las realice, y por ende la señora Ciscar ordena la adquisición de estas obras que no estaban realizadas beneficiando con ello al heredero del artista en una cantidad superior a los dos millones de euros”, indicó la juez en el auto con el que imputó a Ciscar.
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