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El Gobierno valenciano ha detectado cientos de expedientes de ayudas a la vivienda sin resolver y escondidos en los cajones por valor de 60 millones de euros, ha denunciado la consejera de Vivienda, la socialista María José Salvador. Son cerca de 1.100 solicitudes que se dejaron de tramitar por orden de la anterior consejera, Isabel Bonig, y sobre las que no existía ningún reconocimiento ni obligación de pago.

Salvador ha desvelado el dato después de reunirse con la Plataforma de Afectados por los Impagos de las Ayudas a la Vivienda. "Han sido ocultados por el anterior equipo de esta consejería", ha denunciado la consejera, quien avanza que los 60 millones se sumarán a los 240 millones de euros que tuvo que reconocer Bonig obligada por la Intervención de la Generalitat, y a otros 40 millones de las resoluciones 501 reconocidas por el nuevo Gobierno el año pasado.

El departamento de Vivienda ha remitido toda la documentación a la Intervención General de la Generalitat para que resuelva "las dudas razonables de la gestión económico-financiera de los planes de vivienda de los periodos 2005-2008 y 2009-2012.

La consejería ha instado a la Intervención de la Generalitat a que "actúe e investigue los hechos". Según Salvador, "deberá ser la Intervención la que dilucide total y definitivamente cuáles son las actuaciones que debe tomar la consejería ante estos hechos para legalizar lo que se realizó ilegalmente durante la gestión del antiguo Consell del PP".

La consejera ha recalcado que se trata de "1.100, personas, de 1.100 unidades familiares, que decidieron comprarse una VPO porque tenían una subvención, una VPO que además no la pueden alquilar, ni la pueden vender, y la antigua consejera decidió que todas estas ayudas fueran denegadas".

"Hasta ahora, sabíamos que los antiguos responsables concedieron premeditadamente y con alevosía más ayudas de las que podían; estafaron a la gente que pidió ayudas para pagar su alquiler o la rehabilitación de su vivienda, pero ahora sabemos que su gestión oscura no termina ahí", ha declarado.

Salvador ha recordado que cuando Bonig se encontró ante la imposibilidad de tramitar más ayudas por haber sobrepasado los límites presupuestarios dictó en julio de 2013 una instrucción interna con la que ordenó a los servicios territoriales que todos los expedientes de concesión de ayudas en tramitación se resolvieran de forma negativa por falta de recursos económicos.

Esta instrucción no fue acatada por los servicios de la consejería, que entendieron, ha dicho Salvador, que el marco normativo vigente no contemplaba esa posibilidad, ya que se deben resolver a favor o en contra las solicitudes de ayudas tras constatar el cumplimiento de las condiciones fijadas en las convocatorias públicas y que, por tanto, la ilegalidad cometida en tramitar ayudas excediendo las consignaciones presupuestarias no podía perjudicar los derechos de los ciudadanos.

La consecuencia de todo esto  fue que, a partir de aquella fecha, dejaron de tramitarse más expedientes que se encontraban pendientes de instrucción en ese momento. Así, según ha indicado Salvador, "se trata de 1.100 expedientes que afectan a miles de ciudadanos y promotores valencianos destinados a ayudas en actuaciones de rehabilitación, acceso a la vivienda, alquiler u otros conceptos similares en materia de vivienda.

"Estamos trabajando con todos los medios para que el fraude que cometió el anterior Consell del PP no lo tengan que pagar los ciudadanos. Son ayudas de 15.000, de 19.000, y de hasta de 66.000 euros a las comunidades de propietarios", ha concluido la titular de Vivienda de la Generalitat.