La Generalitat hinchó contratos para beneficiar a altos cargos sanitarios

Josep Prat, el principal acusado del caso Innova —la macroinvestigación contra la corrupción en la sanidad catalana, con casi un centenar de imputados— ha empezado a colaborar con la justicia, en un paso que abre un escenario de consecuencias imprevisibles para el futuro de las investigaciones. Prat ha sido uno de los hombres fuertes de la sanidad catalana durante más de dos décadas, tiempo en el que ha ocupado cargos de gran importancia en administraciones tanto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como del Partit dels Socialistes (PSC).

Así lo muestra el cambio de actitud de Prat en la declaración hecha ante la Guardia Civil el pasado 10 de marzo y que este jueves ha sido comunicada a las partes del proceso. En ella, Prat explica cómo la exconsejera de Salud, Marina Geli —entonces en el PSC, hoy en Junts pel Sí— le ordenó enchufar en Innova —empresa pública del Ayuntamiento de Reus— a dos altos cargos del Departamento de Salud, Carles Manté y Jorge Batesteza. Prat detalla como estas contrataciones eran favores políticos, ya que Innova no requería de sus servicios, y como se hincharon contratos públicos para desviar el dinero necesario para pagar sus retribuciones. Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), cobró casi un millón de euros entre 2007 y 2011 por trabajos de consultoría que en su mayor parte no realizó.

Marina Geli ha salido al paso de estas declaraciones, que ha calificado de "rotundamente falsas". "Nosotros no pagamos nunca desde Salud las retribuciones de Manté ni de Batesteza tras su salida del CatSalut". Las revelaciones también salpican al actual número 2 del Departamento de Salud de la Generalitat, David Elvira, quien en el momento de los hechos era, entre otros cargos, jefe de gabinete de Información y Estrategia de Geli. Elvira, nombrado director del CatSalut por el actual consejero, Toni Comín, ha asegurado este jueves que no tenía conocimiento de estos hechos ya que gestionar estos temas "estaba fuera" de sus competencias.

Aunque en sus primeras declaraciones Prat ya había indicado que como director de Innova contrató a Manté siguiendo instrucciones de Geli —en unas palabras que vistas con el paso del tiempo suenan a un aviso—, en su reciente declaración da todos los detalles de cómo se fraguaron los contratos de Manté y Batesteza. Prat detalla como a principios de 2007 recibió "instrucciones" de Geli y del entonces alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (también imputado en la causa), "para que se le diera una retribución a Manté". Esto ocurrió en "varias reuniones" en las que "se le ordena que Carles Manté debe ser contratado en Innova con unos emolumentos equivalentes a los que cobraba como director del CatSalut, más la parte de la Seguridad Social".

Prat, según su declaración, "exigió que todo lo anterior no supusiera un quebranto económico" para Innova, por lo que el Departamento se diseñó una estrategia para hacer llegar el dinero a la empresa pública de Reus para que esta pagara a Manté. La operativa pasaba, en primer lugar, por hacer "una ampliación de contrato entre el CatSalut y el Hospital Sant Joan de Reus", centro financiado por la Generalitat y gestionado por Innova. El segundo paso era que el hospital desviara el dinero a Innova, que cerraba el circuito del dinero pagando a Manté, quien ya estaba cobrando un sueldo público desde otro hospital de la Generalitat.

En su declaración, Prat deja claro que esta operativa era conocida por buena parte de los altos cargos del CatSalut y de Innova, pese a lo que Lluís Miquel Pérez la ocultó a los consejos de administración de las empresas públicas de Reus. Prat también deja claro ante la Guardia Civil que "no era necesario contratar a Manté, fue una decisión política".

El exdirector de Innova también detalla en su declaración la contratación del exgerente de Infraestructuras del CatSalut, Jorge Batesteza, prácticamente idéntica a la de Manté. Las remuneraciones percibidas por este último desde Innova entre 2007 y 2011 ascienden a 838.000 euros (con IVA), 13.000 euros mensuales, mientras las de Batesteza a 387.000 euros.

El cambio de actitud de Prat se produce después de que el avance de las investigaciones del caso Innova, que ya acumula más de una decena de piezas separadas, le haya dejado en una situación muy comprometida judicialmente. Imputado en media docena de estas piezas, Prat está acusado por los delitos de estafa, malversación, blanqueo, falsificación documental y cohecho, entre otros. 

La trayectoria de Prat en las últimas dos décadas le había convertido en uno de los hombres más respetados y temidos de la sanidad catalana. Entre 1998 y 2003 fue director del CatSalut, organismo responsable de toda la red pública catalana, bajo los consejeros Eduard Rius y Xavier Pomès (CiU). Posteriormente, a partir de 2004, pasó a ser el director de Innova bajo el mandato del  alcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. En 2011, tras el regreso de CiU a la Generalitat, Prat fue nombrado por el consejero Boi Ruiz presidente del Instituto Catalán de la Salud —ICS, que gestiona ocho grandes hospitales públicos y más de 300 centros de salud—. El expresidente catalán, Artur Mas, también le incorporó al Consejo Asesor sobre la Sanidad tras ser nombrado presidente de la Generalitat.

El principio del fin del poder de Prat en la sanidad catalana lo marcó la llegada en 2011 de David Vidal como concejal por la CUP al Ayuntamiento de Reus. Esta formación denunció el cúmulo de cargos del director de Innova, que compaginaba con la presidencia del ICS y la vicepresidencia del grupo hospitalario privado USP. EL PAÍS destapó posteriormente, en junio de 2012, el contrato de Manté en Innova, que la CUP y otras fuerzas locales llevaron al juzgado y la fiscalía. Esto fue lo que dio lugar al inicio de las investigaciones de lo que ha acabado siendo el macrocaso Innova.