Mundo ‘offshore’

La revelación de los papeles de Panamá dibuja un nuevo mapa del mundo en el que cada vez destacan más las islas, países, mares o fronteras fuera de todo control democrático. Los paraísos fiscales no son un fenómeno nuevo, pero su multiplicación consolida una especie de archipiélago de excepciones que empezó a configurarse en los años noventa y se ha convertido en la cartografía del poder político y económico real del mundo contemporáneo.

El optimismo de un mundo sin fronteras tras la caída del muro de Berlín llevó a creer que la mayor circulación de personas, información, ideas y dinero tendría solo efectos positivos. Como se encargó de recordar de forma violenta el 11-S, se olvidaba entonces que la apertura de fronteras también implicaría una mayor libertad para terroristas, traficantes de personas y de drogas, criminales y especuladores de todo tipo. La globalización también ponía de manifiesto que los riesgos ambientales y financieros serían para siempre compartidos, y, mientras limitaba el control de los intercambios, favorecía que trabajo y residuos pudieran ser fácilmente deslocalizados en territorios lejanos.

El offshoring significa precisamente esto: mover recursos, prácticas, personas o dinero lejos de la orilla, de la frontera, desplazándolos del territorio de la soberanía política tradicional a otro que quede fuera de la vista. En esta opacidad reposa el offshore o deslocalización. Es un mundo de ocultación contrario al mundo abierto, transparente y feliz que se prometía en los noventa. Los recursos se esconden en jurisdicciones secretas, y se eluden normas, leyes o impuestos de manera ilegal o de forma contraria al espíritu de la ley para maximizar beneficios.

Hoy, existen entre 60 y 70 paraísos fiscales reconocidos y más de la mitad del comercio mundial pasa a través de las grandes empresas que disponen de cuentas o filiales en estos territorios. Según afirmaba el sociólogo recientemente fallecido John Urry, entre el 25% y el 33% de la riqueza mundial se gestiona offshore. No se trata por lo tanto de un fenómeno excepcional de unos pocos evasores, sino de una práctica habitual y generalizada de élites de todo tipo y de las principales empresas del mundo, entre las cuales se encuentran compañías tan presentes en la vida cotidiana de Occidente como Apple, Google o Amazon. Todo el dinero aparcado en paraísos fiscales está concentrado en las manos de 10 millones de personas.

El problema es que los papeles de Panamá son solo la punta del iceberg de un mundo offshore que va mucho más allá de los paraísos fiscales. Hoy, gracias a la evasión legal, el secreto y una mayor movilidad que garantiza la seguridad de las comunicaciones y el transporte, se deslocalizan trabajo, residuos y emisiones de CO² en territorios fiscalmente más favorables. En estos espacios opacos también se externalizan poderes militares, tráfico de mujeres y niños, prostitución y otros fenómenos que atentan contra los derechos humanos como la tortura. ¿Qué es, si no, la prisión de Guantánamo? Si a esto se le suman campos de refugiados, zonas fuera de control gubernamental y bases militares, se acaba trazando un mundo en el que la excepción se ha hecho norma y el offshore se ha convertido en la nueva forma de ejercicio del poder. Todo ello va acompañado de una cultura y un estilo de vida de una élite global sin domicilio fijo, en el que la vida móvil, los jets privados, los espacios de ocio de lujo y las familias estructuradas en encuentros ocasionales transforman radicalmente la noción de lugar, de hogar y de ciudadanía.

Las consecuencias del mundo offshore son devastadoras. No solo se pierden millones en recaudación de impuestos que servirían para sanidad, educación o infraestructuras, sino que se alteran las relaciones entre países y se agrava la desigualdad. Oxfam Intermón no se cansa de denunciar que la riqueza del mundo está cada vez más concentrada en pocas manos. En 2010, 388 personas poseían la misma riqueza que la mitad de la población más pobre del mundo; en 2015, eran solo 62. La evasión es también una línea de flotación contra la libre competencia de mercado, porque favorece a las grandes multinacionales y destruye a las pequeñas y medianas empresas. Con una parte de los recursos del país fuera de control y del debate público, este sistema confirma la pérdida de soberanía de los Estados y se convierte, junto a la corrupción, en la más seria amenaza que tiene planteada hoy la democracia.