El exvicepresidente de Bankia, investigado por la plaza de San Fernando

El juzgado número 1 de Coslada ha llamado a declarar en calidad de investigados (antes imputados) al exvicepresidente de Bankia, José Antonio Moral Santín, y a tres directivos de la entidad, por haber realizado una hipoteca sobre la plaza de San Fernando de Henares y las viviendas que la rodean. La sociedad mixta creada por el Ayuntamiento para reformarla, y que el Consistorio aportó como capital, está en concurso de acreedores. Ahora será vendida a un fondo de inversión.

El caso de la plaza de San Fernando es un suma y sigue. El juzgado de Instrucción número 1 de Coslada ha acordado, “en atención al informe emitido por el Ministerio Fiscal”, dirigir el procedimiento contra Bankia. El magistrado ha llamado a declarar en calidad de investigado (antigua figura de imputado) a José Antonio Moral Santín, exvicepresidente de Bankia, también investigado por el uso de las tarjetas opacas. Obtuvo su cargo en la entidad bancaria a propuesta de IU, partido del que fue expulsado, y que ha gobernado San Fernando de Henares hasta los últimos comicios regionales.

La decisión judicial llega tras la denuncia de unos vecinos afectados por la ruina de la empresa Plaza de España San Fernando (PESF), que se creó para acometer la rehabilitación de la plaza y su entorno.

Consideran al banco, que financió la operación, responsable de no haber controlado a qué se estaban destinando los créditos. Los denunciantes afirman que se usaron cantidades de dinero para fines ajenos al objeto social de la empresa PESF, lo que habría propiciado su quiebra. Bankia (entonces Caja Madrid) concedió en 2009 siete préstamos hipotecarios por importe de 54 millones a PESF.

La sociedad fue creada por el Ayuntamiento en 2008 con un capital social de 18,3 millones que luego se amplió a 22,2 (el 51 % privado y 49 % público). Nadie aportó dinero. Los vecinos dieron las viviendas para cubrir sus acciones en la sociedad, y el Consistorio la plaza del pueblo, un bien de dominio público con el que no se puede comerciar. Lo sorprendente es que incluso se realizó la inscripción del cambio en el registro mercantil. Además, la actuación permitió que la empresa se apropiase del espacio público y de su subsuelo para construir un aparcamiento (prohibido por la normativa urbanística), cuya venta habría reportado 23 millones a la mercantil.

El magistrado ha citado también como investigados a Miguel Ángel Sánchez Domínguez y Rafael Pascual de la Calle, ambos apoderados de Caja Madrid en el momento en el que se produjeron los hechos. En la misma providencia se pide a Bankia que identifique al director de la sucursal y a los integrantes del Comité de Riesgos que evaluaron la concesión de hipotecas.

En calidad de testigo comparecerá Pedro Martín Molina, administrador que ha gestionado el concurso de acreedores en el que se vio inmersa la empresa tras quedarse sin fondos en 2010. PESF se convirtió en un pozo sin fondo con una deuda de 94 millones, 54 de los cuales se deben a Bankia. El juzgado de lo mercantil aprobó a principios de abril la venta por 27,5 millones a un fondo de inversión de la “totalidad” de los terrenos, edificios e instalaciones de PESF.

Acreedores en la cuneta

Todo el dinero que se consiga irá a parar a manos de Bankia. Para el resto de los acreedores será más complicado recuperar el importe que les adeuda la empresa, porque ya no existe nada más que enajenar. Las constructoras (Isolux Corsán y Ortiz construcciones) acumulan una deuda total de 20 millones. Y se debe otro tanto a diferentes proveedores, arquitectos, empresa municipal del suelo...

En cuanto a los vecinos, si desean recuperar sus viviendas se verán obligados a recomprarlas al fondo de inversión. No todos los propietarios están en la misma situación, algunos salieron de la sociedad hace tiempo y consiguieron que la empresa mixta adquiriera sus participaciones por el doble de la valoración inicial de 700 euros metros cuadrados. Otros, como los denunciantes, se sienten estafados y no entienden cómo se ha llegado a esta situación. Según la promesa del Ayuntamiento, deberían haber recuperado sus casas en 2011.

El juez ha desestimado todas las alegaciones interpuestas contra la venta y ha dado vía libre para la enajenación de 176 viviendas, 157 trasteros, 267 plazas de garaje y un aparcamiento público de 606 plazas al fondo de inversión Pacífica Capital Gestión SL. Esta sociedad, con un capital social de 3.000 euros, actúa en nombre de un fondo institucional extranjero.