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Antifraude y la Seguridad Social investigan un negocio de Luis Cabado

El antiguo líder sindical de la enfermería atesora una fortuna de más de cuatro millones

Luis Cabado
Luis Cabado

La buena estrella de Luis Cabado, el antiguo sindicalista que durante tres décadas ha ganado más de cuatro millones de euros gracias a sus cargos públicos, puede haber iniciado su declive. La Seguridad Social y la Oficina Antifraude han abierto sendas investigaciones sobre el último de sus negocios, la consecución de contratos de la sanidad pública gestionada por la Generalitat. La empresa utilizada por Cabado, Codebi BCN, ha sido obligada por ahora a pagar 445.000 euros en cuotas no satisfechas y a regularizar la situación laboral de una treintena de profesionales a los que obligaba a ejercer como falsos autónomos.

El origen de ambas investigaciones está en la publicación del caso por EL PAÍS en noviembre de 2014. Este diario reveló que Codebi BCN había logrado hacerse con dos grandes contratos de rehabilitación para la sanidad pública, valorados en 15 millones de euros hasta 2021, pese a haber sido excluida de los concursos al haber obtenido puntuaciones mucho más bajas que sus competidores. La forma para hacerlo fueron sendos acuerdos con dos hospitales, el Sagrat Cor y el Sant Rafael. Estos centros sanitarios son privados, pero al estar integrados en la red pública pueden solicitar la adjudicación directa de contratos que de otra forma deberían ser sacados a concurso. Lo que la ley les impide, sin embargo, es subcontratar estas adjudicaciones a terceras empresas, ya que esto abre una vía para que algunas compañías puedan hacerse con adjudicaciones de la sanidad pública sorteando los concursos.

La primera de las investigaciones la abrió el Servicio Catalán de la salud (CatSalut), que hasta entonces había tolerado la actuación de los dos hospitales y Codebi BCN. Los inspectores de la Generalitat, sin embargo, constataron tras la publicación de la noticia que en en el caso "existían elementos suficientes" para considerar que las partes habían incurrido "en una subcontratación irregular de un contrato público".

El CatSalut, dirigido entonces por Josep Maria Padrosa, impuso a ambos hospitales —responsables legales de los contratos— sendas sanciones que pueden considerarse simbólicas: apenas 3.250 euros (cerca del 0,04% del valor total de las adjudicaciones). Según la Generalitat, el importe de las sanciones se fija "en función del grado de la falta y si ha habido reincidencia o no". El CatSalut asegura que también llevó el caso a la Oficina Antifraude de Cataluña. Un portavoz de este organismo informó ayer de que "hay una investigación en marcha" de la que aún no pueden hacerse públicos los detalles.

Mucho más avanzada está la investigación de la Seguridad Social, iniciada después de que el Sindicato Profesional Sanitario de Cataluña —del que forma parte la radióloga del hospital de Sant Pau Carme Pérez—, presentara una denuncia tras conocer por este diario que Codebi BCN no tenía empleados sanitarios y subcontrataba a su vez los servicios a trabajadores autónomos.

La Seguridad Social ha constatado que "los profesionales que prestan servicios para Codebi BCN como trabajadores autónomos son, en realidad, trabajadores por cuenta ajena", es decir, falsos autónomos. Por ello, este organismo ha obligado a la empresa dar de alta a una treintena de profesionales y a abonar las cuotas no satisfechas durante más de un año con el 20% de recargo. La cantidad a pagar asciende a 445.000 euros. Además, la Seguridad Social ha iniciado los trámites para imponer una multa a Codebi BCN, cuya cuantía no ha trascendido, por las infracciones cometidas.

La investigación de la Seguridad Social también ha puesto de manifiesto otros aspectos destacables de la trayectoria de Codebi BCN. La primera es la precariedad que imponía a sus trabajadores pese a estar gestionando una adjudicación de la sanidad pública. La empresa apenas pagaba 12 euros a los fisioterapeutas por cada asistencia a domicilio realizada (de cerca de una hora de duración), importe que aumentaba hasta los 20 euros en el caso de los médicos rehabilitadores. Con estos ingresos, los profesionales tenían que hacerse cargo de gastos como el transporte y pagarse las cuotas de autónomos.

La Seguridad Social también ha desvelado la fórmula utilizada por Cabado para hacerse con los contratos públicos. El 22 de mayo de 2012, el gestor Pedro Salvador Cutillas adquirió Codebi BCN a través de la sociedad Biga Consultores. Codebi BCN era una empresa con una larga trayectoria en el sector de la rehabilitación, pero cuando fue vendida a Cutillas no tenía actividad, contratos en cartera ni trabajadores. Era, por tanto, un cascarón vacío, una sociedad instrumental lista para ser utilizada para otros fines.

Menos de dos meses más tarde, el 20 de julio de 2012, Codebi BCN firmaba con el hospital Sant Rafael el acuerdo para gestionar los servicios ambulatorios y a domicilio del distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, un contrato que asciende a 550.000 euros anuales. Pocos días más tarde, el 8 de agosto, Codebi BCN firmaba con el hospital Sagrat Cor otro contrato para gestionar los mismos servicios en cinco áreas básicas de salud de la capital catalana por un importe de 950.000 euros anuales. Este último acuerdo, además, sufrió un importante aumento del 32% respecto al coste que hasta entonces había tenido para la Generalitat, según avanzó este diario en diciembre de 2014.

La cuestión clave, aparentemente incomprensible, es cómo los dos hospitales pudieron poner dos contratos de esa importancia en manos de una sociedad sin actividad cuyo administrador es un gestor sin experiencia en el sector sanitario. La respuesta, según todas las fuentes consultadas, es Luis Cabado, un hombre que sí tiene una larga trayectoria e importantes contactos en la sanidad catalana. Las relaciones entre Cabado y Cutillas, que en este caso estaría actuando como testaferro, se remontan a más de dos décadas atrás, según el rastro dejado en el Registro Mercantil por el puñado de sociedades controladas por el primero y que han estado a nombre de familiares y personas de confianza de su entorno, según avanzó ayer este diario. Fuentes conocedoras de cómo se gestaron los contratos de Codebi BCN con el Sagrat Cor y el Sant Rafael han confirmado que Cabado participó activamente en las negociaciones.

Un dato revela los importantes beneficios que estas irregularidades y la vulneración de los derechos de los trabajadores han dado, al menos hasta ahora, a Cabado y Cutillas. En las cuentas anuales de 2014 depositadas por Biga Consultores consta el ingreso de 190.000 como dividendos procedentes del primer año completo de gestión de Codebi BCN de los dos contratos de la sanidad pública.

Investigacion@elpais.es