Un país de ‘síndics’

Casi cuatro millones de catalanes tienen tres defensores del pueblo a los que acudir: el estatal, el autonómico y otro local. En 38 municipios que suman esa población, los Ayuntamientos cuentan con una figura propia, siendo Cataluña el único territorio europeo que cuenta con esta figura. El síndic ciutadà intenta mediar entre los habitantes y la administración en los asuntos más cercanos: peleas de vecinos, heces de perro, quejas por los Servicios Sociales, ruidos... En otros 23 Consistorios esta función se ha externalizado al Síndic de Greuges, que la realiza sin coste adicional. Los defensores municipales defienden su papel por la proximidad. Rafael Ribó insiste en que la figura local solo es eficaz si cuenta con los medios e independencia suficientes.

“Hay mucha gestión detrás de cada queja o consulta. Atender, investigar, escribir las resoluciones”, justifica Joan Barrera, el periodista que es el Síndic de Cornellà. Recibió 188 quejas y seis consultas y abrió siete actuaciones de oficio en 2015. Todos los defensores están obligados a presentar memorias anuales y llevarlas a los plenos municipales pero una comparación es difícil pues los criterios no están homologados.

Siete mujeres

Los defensores tienen recursos muy limitados para cumplir con sus labores. Barrera, por ejemplo, tiene una secretaria a su cargo. Barcelona aparte, solo los grandes municipios como Lleida, Terrassa o Badalona se permiten un pequeño equipo de hasta tres personas. A nivel de transparencia, son muy pocos los municipios que desglosan el coste de mantener esta figura. En el caso de Mollet, las cuentas detallan partidas por un total de 33.689 euros al año, incluyendo el sueldo de Lluís Martínez Camps. El defensor de Sant Feliu de Guíxols tiene un presupuesto de 10.000 euros, sin contar su sueldo. La de la capital catalana tiene diez veces más dinero.

Amposta y Lleida se pelean por ser el primer municipio en tener un síndic, que potenció la ley de régimen local catalana de 2002. Un cargo que es eminentemente masculino. Montserrat Moreno, defensora de Vilanova del Vallès (5.241 habitantes), es una de las siete catalanas que ostenta el cargo. Y lo hace de manera voluntaria, como otros cinco. Un total de 17 sí tienen un salario asignado, que varía según el municipio y otros nueve reciben dietas. En la mayoría de los casos, los periodos son de cinco años (el de Ribó es de nueve), aunque a diferencia del Síndic en la mayoría de los casos se pueden tener dos mandatos consecutivos.

Varios defensores están en funciones porque los Ayuntamientos no han encontrado sustitutos. Es el caso de Sabadell, Sant Boi de Llobregat o Barcelona, donde se está realizando una consulta con los ciudadanos que solo ha conseguido unos 4.200 votos. Cuatro plazas están vacantes: Cambrils, Amposta, Rubí, y Tiana, —donde esperan a alguien desde 2010—. En Ulldecona también se eliminó el cargo pero el Ayuntamiento ha declinado contestar por qué.

La cuestión del salario y los medios ha hecho variar la lista de defensores locales. La síndica de Terrassa, por ejemplo, deja el cargo por falta de retribución. “Solo pido algo digno, nada más”, explica Isabel Marquès. Hasta ahora cobraba 500 euros mensuales por dedicación completa. En 2015 tramitó 592 consultas y 196 quejas. Josep Escartín, su homólogo de Sabadell, con aproximadamente la misma población, cobra 850 euros mensuales (225 quejas). En el caso de Santa Coloma, por ejemplo y casi la mitad de la población, Fernando Oteros tiene el salario de un regidor: 35.000 anuales.

El Síndic catalán colabora con los defensores locales y comparten información. El año pasado, Ribó envío 115 quejas a 21 homólogos municipales, por ser de sus competencias. Éstos, a su vez, le trasladaron 172. De hecho, un tercio de las quejas y actuaciones de oficio de Ribó tienen como destino Ayuntamientos. En otros municipios la colaboración va mucho más allá. Media cincuentena ha formalizado convenios para que el Síndic catalán asuma las quejas locales. Ribó asegura que los convenios no implican gasto a los municipios y la labor está contemplada dentro de los 5,9 millones de euros, que incluyen los 114.000 euros anuales de su retribución..

De hecho, Granollers y Tarragona decidieron eliminar la figura local en 2012 y 2013, respectivamente, y entregar sus funciones al equipo de Ribó como una manera de ahorrar. En la capital tarraconense el alcalde y los grupos municipales interpretaron que Francesc Ferrer, el único que ostentó el cargo, incumplía la incompatibilidad de no pertenecer a partidos o entidades. Ferrer era el presidente de una cofradía y de un equipo de fútbol, lo que motivó que dimitiera minutos antes de la reunión de la junta de portavoces que le iba a cesar. “Fue un malentendido y una mala interpretación”, indican fuentes del fórum de sindics locales En Tàrrega, por el contrario, anunciaron el pasado enero la voluntad de crear la figura propia y acabar con el acuerdo firmado en 2009 con Ribó.

“Ahorramos dinero. Evitamos, por ejemplo, la judicialización de muchos trámites que se eternizarían en los juzgados entre ciudadanos y Administración”, defiende Ramon Lloret, defensor de Girona y presidente del Fórum de Síndics Locales de Cataluña. “Una cosa es el juez de paz y otra cosa es el ombudsman. Un defensor local solo tiene sentido si tiene medios, presupuesto e independencia”, asegura Ribó. En muchos casos, los síndicos locales son ayudados por personal del propio Ayuntamiento o tienen sus oficinas en la propia casa consistorial. “El debate no es síndic o no; es si queremos instituciones cercanas que ayuden a la transparencia”, tercia Barrera.