Casi 40 familias reciben la ayuda para estudiar en castellano en Cataluña

Un total de 39 familias reciben la ayuda para la escolarización en castellano en Cataluña que establece la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Enseñanza Meritxell Ruiz, durante la sesión de control del pleno del Parlament de Cataluña. El dinero (hasta 6.000 euros por alumno) se descuenta de las transferencias que el Ministerio de Educación hace a Enseñanza.

Se trata de la primera vez que la Generalitat acepta que estas ayudas ya se han concedido, si bien no se ha especificado desde cuándo y ni por qué cantidad. Ruiz aseguró ayer que se trata de familias que desde el inicio de la etapa escolar ya asistían a instituciones privadas sin inmersión lingüística. “En el fondo les estamos pagando su escolarización en un centro privado”, denunció Ruiz. El PP se quejó ayer de que Enseñanza ofreció a esas familias centros con una hora más de castellano como “educación bilingüe”.

Desde que se anunció la ayuda, en junio de 2014, tanto Educación como Enseñanza se han enfrascado en una pelea de cifras sobre el número de solicitudes que se habían presentado y sobre cuáles tenían derecho o no a la ayuda. La última cifra reconocida por Enseñanza, de septiembre del año pasado, era de 92 solicitudes de las cuales sólo 17 cumplían los criterios. La Generalitat anunció entonces que las iba a recurrir. En febrero del año pasado, sin embargo, el ministerio cifró el total de peticiones en 392. Educación se ha negado a dar nuevos datos, a pesar la insistencia de este diario.

La ayuda fue creada por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert (PP) como una herramienta para satisfacer las sentencias que fijan que el castellano también debe ser lengua vehicular en la escuela. La medida era de ámbito nacional pero fue diseñada a medida para Cataluña. Las familias interesadas tienen que solicitar a Enseñanza la escolarización en castellano y, si no había oferta, se podía solicitar la ayuda estatal. De acuerdo a la norma, la familia matriculaba al menor en un centro privado que tuviera el castellano como lengua vehicular y el Ministerio tenía que resolver la petición en seis meses.