La Generalitat protegió a una conserje acusada de abusos

Un nuevo caso de presunto abuso sexual a menores en un instituto público de Barcelona cuestiona las medidas de protección en el ámbito escolar. En marzo de 2015, la familia de un alumno del centro Juan Manuel Zafra denunció que la conserje, de 40 años, invitaba al menor de 15 a dormir en su casa, le daba regalos y hasta le ofreció dinero por sexo. El Consorcio de Educación (CEB, con representación de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona) se limitó a cambiar de puesto de trabajo a la presunta acosadora y no abrió ningún expediente.

El consorcio no notificó los hechos ni a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) ni a la fiscalía, tal y como recoge el protocolo marco firmado en 2006 por la Generalitat, la fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los Mossos d’Esquadra, a instancias del Defensor del Pueblo catalán. El reglamento tampoco se siguió en los casos de abuso del colegio concertado de los maristas, donde hay 31 denuncias contra seis maestros y un monitor, aunque muchas ya han prescrito.

Los hechos, según reveló ayer RAC-1, comenzaron el curso 2013-2014, pero los padres notificaron los supuestos abusos al centro el 26 de marzo de 2015. El 2 de abril presentaron una denuncia ante un juzgado de Barcelona. Según relató el menor, la conserje del centro, ubicado en el barrio de clase media de El Clot, invitaba al alumno a merendar, obviaba sus llegadas tarde y le regalaba material informático robado del colegio. También le enviaba mensajes a través del móvil. La relación se habría iniciado a través de Facebook. El CEB no abrió ningún expediente para indagar sobre los hechos. En su momento se trasladó a la conserje, que era personal de administración y servicios del consorcio, a otro puesto de trabajo donde no hubiera contacto directo con menores.

“Simplificar el proceso”

Una portavoz del CEB explicó que el traslado, decidido directamente por el entonces gerente Manel Blasco, buscaba “actuar inmediatamente y simplificar el proceso ya que esa habría sido la misma decisión que se derivaría del expediente”.

El protocolo catalán contra abusos establece la obligación de comunicar cualquier sospecha tanto a la fiscalía como a la Dgaia. Un paso que ni el centro ni el consorcio siguieron. La portavoz aseguró que no se pusieron en contacto con la Dirección de Atención al menor porque “no necesitaba ser protegido de su entorno familiar”.

Desde el consorcio aseguraron que la dirección del centro se entrevistó con la conserje, que no presentó ningún recurso contra la decisión, y que el caso fue comentado con la AMPA y el claustro de profesores. Sin embargo, no queda claro si se realizó una investigación para saber si había otras posibles víctimas a pesar de que el propio alumno aseguró ante el juez que la presunta acosadora lo invitó a dormir en su casa junto a otro alumno del centro.

Después de que explotara el caso de los maristas, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, alertó de una cadena de fallos en la Administración. “Ha fallado estrepitosamente el protocolo. Nunca se activó”, dijo. Este nuevo caso refuerza su tesis.