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Lanbide aplica por fin la cuota social de 30 euros a los afectados

La presidenta de la plataforma, Vicky Molina confirma que el Gobierno está cobrando la deuda con un criterio social

Ángel Toña y el lehendakari hablan en el Parlamento vasco
Ángel Toña y el lehendakari hablan en el Parlamento vasco

El Servicio vasco de Empleo, Lanbide, empieza a cumplir su palabra. Numerosos perceptores de la RGI a los que ingresó por error ciertas cantidades de dinero, han recibido ya la notificación oficial en la que este mes se les descuenta 30 euros, frente al 20% o 30% de sus percepciones (más de 200 euros mensuales) que les retenían hasta ahora para devolver esa deuda. En Euskadi hay unas 90.000 personas que han recibido, y siguen haciéndolo, más dinero del que les corresponde por las ayudas sociales y de inserción. "Tenemos ya la constancia de que están llegando las liquidaciones con la cuota. Mas vale tarde que nunca", critica la presidenta de la Plataforma de Afectados por Lanbide  (PLA), Vicky Molina.

Tras un duro invierno en el que muchos beneficiarios de la RGI han tenido que gestionar la calefacción para poder comer, Lanbide está cobrando de oficio los 30 euros de cuota social que le ha reclamado de forma insistente el PSE, el Parlamento vasco, el Ararteko y la propia Plataforma de afectados. "Han pasado de responder a las solicitudes de forma mecánica a aplicarla a las familias que cumplen los requisitos. Nos gustaría que fueran más, pero al menos ahora sí están cumpliendo", dice Molina.

Al Servicio Vasco de Empleo le ha costado prácticamente un año poner en marcha el compromiso que adquirió el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, con la Plataforma de Afectados por Lanbide, en julio pasado, en una reunión en Lakua. La Cámara vasca ya había pedido un mes antes, y lo volvió a hacer el pasado febrero, que la administración habilite "los procedimientos necesarios para minimizar los efectos de los pagos indebidos" a los perceptores de estas prestaciones.

Con ese objetivo, pedía que se aplacen los pagos exigidos a los perceptores "hasta un mejor momento". Como alternativa, solicitaba que se fije una "cuota social mensual básica" de 30 euros cuando así se lo pida el afectado o los servicios sociales de base. Todo ello, "teniendo en cuenta la situación económica de la unidad de convivencia, de manera que las familias puedan llevar una vida digna y cubrir las necesidades básicas".

En total fueron 86.000 familias las que recibieron ingresos de más, de entre 500 euros, y casos extremos de varios miles de euros. En algunos casos la deuda supera los 16.000, los 18.000 y en un caso extremo los 23.000 euros. En total los perceptores de ayudas sociales adeudan a Lanbide más de cien millones de euros en concepto de errores de Lanbide tanto de la RGI como de los complementos de vivienda, y sigue creciendo por el propio mecanismo de revisión de los expedientes, que se demora durante meses. Es el propio sistema el que induce a generalizar estos pagos indebidos y en consecuencia a generar deudas en los perceptores, independientemente de que hayan comunicado a tiempo los cambios en sus condiciones laborales o sociales.