Ordenan repetir el fallo que condenó a una cooperativa de armadores

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha anulado la sentencia del Juzgado de lo Penal número tres por la que condenó al presidente de la Cooperativa San Miguel de Marín a 3 años de prisión y 1,8 millones en concepto de multa e indemnizaciones al Estado por fraude de Iva en la venta de pescado.

La Sala apreció falta de motivación en la sentencia. Cree que se han vulnerado los derechos fundamentales como el derecho de defensa del condenado, José Luis Santiago Pereira, que recurrió el fallo, y que se han quebrantado las normas y garantías procesales así como el razonamiento de las pruebas aportadas.

El tribunal se limita a remitir los autos al juzgado de primera instancia para que su titular emita un nuevo veredicto en el que explique sus fundamentos jurídicos, por lo que no se pronuncia sobre los hechos que el fallo inicial consideró como probados para condenar al presidente y a la compañía como responsable civil.

El juzgado de instancia apreció la comisión de tres delitos fiscales defraudando el IVA de las liquidaciones en los años 2008, 2009 y 2010. Una inspección de Hacienda en la sede de la cooperativa en el puerto de Vigo había destapado una contabilidad b y presuntas prácticas ilegales entre los trabajadores portuarios para que las descargas de pescados no pasasen por la lonja y se vendieran en negro.

La Fiscalía de Pontevedra abrió una investigación y llegó a llamar a numerosos operarios y trabajadores de la lonja del Berbés quienes supuestamente cobraban sobornos por las ventas en b, mientras Hacienda detectó irregularidades en la contabilidad cruzada de hasta medio centenar de armadores que fueron multados tras revisar sus facturas de compra a la cooperativa.

Finalmente las diligencias penales abiertas por una presunta red sobornos no llegaron a prosperar y sólo se sentó en el banquillo al presidente, José Luis Santiago. El fiscal pedía 6 años de prisión pero la condena fue reducida a la mitad y a la cooperativa le impuso dos años inhabilitada para poder recibir subvenciones públicas e incentivos fiscales.