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El Gobierno valenciano pide retirar las placas de los políticos corruptos

La Consejería de Transparencia exige a los ayuntamientos que colaboren en el cumplimiento de una resolución del Parlamento autonómico

El alguacil de Benlloch muestra las placas conmemorativas en las que aparecen políticos condenados retiradas por orden del Ayuntamiento.
El alguacil de Benlloch muestra las placas conmemorativas en las que aparecen políticos condenados retiradas por orden del Ayuntamiento.ÀNGEL SÁNCHEZ

El Gobierno valenciano ha solicitado a los Ayuntamientos y Diputaciones de la comunidad que retiren todas las placas en las que figuran nombres de los políticos condenados en firme por corrupción. La petición, una exigencia de las Cortes Valencianas, pretende erradicar las inscripciones colocadas durante años en toda clase de instalaciones públicas con nombres de políticos que hoy cumplen condena, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o el exconsejero de Sanidad Rafael Blasco. Algunos Ayuntamientos ya las han retirado.

Los investigados, también fuera

Algunos municipios ya han retirado las placas con nombres de políticos condenados por corrupción. Otros estaban a la espera de ver cómo actuaba el Gobierno valenciano y algún Ayuntamiento ha retirado también las inscripciones en las que figuran los políticos investigados (antes imputados).

Este es el caso de La Pobla Vallbona (Valencia) que ha quitado las placas con el nombre del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, investigado en la Operación Taula, o el exconsejero de la Generalitat y exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano, implicado en el amaño de contratos de extinción de incendios.

El requerimiento enviado por la Consejería de Transparencia de la Generalitat insta a las Corporaciones locales a que retiren “con carácter inmediato las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas donde figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos públicos y hayan sido condenadas por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social o por delitos contra la Administración”.

El consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz, asegura que la retirada de las placas tiene “un contenido simbólico fundamental para la regeneración democrática".

Las cartas remitidas a los Ayuntamientos son consecuencia de una resolución aprobada por unanimidad el pasado mes de octubre en el Parlamento autónomo en la que se instó al Gobierno valenciano a retirar todas aquellas inscripciones ubicadas en edificios públicos en las que apareciese el nombre de políticos condenados por corrupción.

Para Alcaraz, la resolución del Parlamento muestra “la indignación y la preocupación evidente por los casos de corrupción que han azotado la Comunidad Valenciana, que ahora están aflorando y que afectan mayoritariamente al Partido Popular”.

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“Era necesario buscar una fórmula objetiva y la consensuada ha sido que haya una condena firme”, prosigue, “porque parece obvio que no deben permanecer placas en hospitales, centros deportivos o instalaciones públicas del tipo que sea que conmemoran la apertura o la primera piedra por parte de dirigentes que hoy sabemos que son corruptos”. En la actualidad hay decenas de políticos, en su mayoría del PP, investigados o procesados en procesos judiciales por corrupción en la Comunidad Valenciana, aunque pocos con sentencia firme. Los que cuentan con ya sentencia condenatoria son el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el exconsejero Rafael Blasco y algunos exalcaldes, como el de Torrevieja Pedro Hernández Mateo.

En este contexto, el Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, aprobó el pasado mes de diciembre una “declaración formal de reprobación” de los políticos corruptos. En ella, el Consell de la Generalitat reconoce la responsabilidad de las instituciones en la prevención, control y denuncia de las conductas ilícitas pero advierte que “sin el apoyo y la participación” de la ciudadanía no se puede combatir la corrupción.

Colaboración ciudadana

Por ello, la Consejería de Transparencia ha previsto habilitar un espacio en su página web para que los ciudadanos puedan informar de la ubicación de cualquier placa en la que figure el nombre de un político corrupto.

Las placas, especialmente durante la primera década del siglo, se instalaron por centenares en inauguraciones o rehabilitaciones de instalaciones públicas financiadas o subvencionadas por la Generalitat. Solo en el pueblo castellonense de Benlloch de 1.100 habitantes —uno de los pioneros en retirar esta clase de ornamentos— se desmontaron cuatro placas con los nombres de Carlos Fabra y Rafael Blasco que estaban instaladas en un pabellón de deportes, un frontón, el hogar del jubilado y una oficina de la Generalitat. En la actualidad no existe ningún registro de este tipo de inscripciones, aunque al Gobierno valenciano le consta que se llegaron a instalar en el extranjero, bien en centros valencianos en el exterior, bien en proyectos de cooperación. “Hay placas hasta en India”, admitieron en la Transparencia.

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