Barberá y su equipo se defienden en el caso Taula con una teoría conspirativa

El martes 15 de marzo de 2016, un día después de que el juez Víctor Gómez iniciara el proceso para pedir al Tribunal Supremo la imputación de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y de que el levantamiento del secreto de sumario confirmase los indicios de comisión de un delito de blanqueo de capitales en el Grupo Popular en el Ayuntamiento valenciano, los implicados intentaron desvirtuar las acusaciones. Tanto Barberá como los nueve concejales del PP imputados y sus abogados han venido sugiriendo que la también exedil de su partido María José Alcón buscó intencionadamente involucrarlos en el supuesto delito en una de las conversaciones telefónicas que la Guardia Civil le grabó con autorización del magistrado.

Fuentes de la investigación del caso Taula, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, restan crédito a esa hipótesis. Consideran que no tiene sentido que Alcón se atribuyese a sí misma un delito grave —el blanqueo que se le imputa está castigado con una pena que oscila entre los tres y seis años de prisión— para perjudicar eventualmente a otros.

La conversación de Alcón con su hijo

La charla telefónica tuvo lugar el 15 de abril de 2015 entre la exconcejal del PP María José Alcón y su hijo. Empieza hablando la primera.

—Es que han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro...

—Sí...

—Y yo les tenía que hacer una transferencia legal, de mi cuenta, o sea, ¿eh? Para blanquear dinero, vamos, corrupción política total [...].

— Pero... cómo que para blanquear, no lo entiendo.

—¿No lo entiendes cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro.

—¿Quién?

—Pues de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones... Entonces ese es un dinero que no pueden aflorarlo.

—¿Pero quién te ha dado a ti eso? ¿Rita [Barberá]?

—Mari Carmen García-Fuster [exsecretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento y supuesta controladora de la caja b del partido a escala municipal].

—Ah.

—Rita, sí. Entonces, a mí me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500 que es dinero negro obtenido...

—¿Para que te lo quedes?

—Para que me lo quede yo y entonces yo se lo doy a ellos con una transferencia bancaria y se blanquea. Y si [alguien] dice: ‘¿Ese dinero de dónde viene?’ Ese dinero lo ha aportado la concejal María José [Alcón] de su cuenta corriente.

La defensa de los populares ha basado sus sospechas en el hecho de que el 15 de abril de 2015, el primer día en que Alcón tenía el teléfono intervenido judicialmente, esta describiera con todo detalle a su hijo la operación de blanqueo que se estaba llevando a cabo presumiblemente en el grupo municipal, poco antes de las elecciones locales y autonómicas.

Ello, sugieren desde las defensas de los populares, respondería a que Alcón sabía que tenía el teléfono pinchado y buscaba dañar a sus antiguos compañeros por "resentimiento" al no haber visto cumplidas sus aspiraciones en el seno del PP. El hecho de que cuatro exasesores del Grupo Popular hayan confirmado la presunta operación de blanqueo, completa esta tesis, se explicaría por el mismo rencor, ya que se quedaron fuera del mismo y sin empleo tras los últimos comicios. Y, además, los cuatro asesores formaban parte del entorno del marido de Alcón, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau.

En la conversación telefónica grabada, la exedil le cuenta a su hijo que la entonces secretaria general del grupo, María del Carmen García-Fuster, le ha pedido —aunque de las palabras de Alcón se desprende que ello equivale a decir que lo ha hecho Barberá— que ingresara 1.000 euros en la cuenta del partido y que, en paralelo, los ha recibido de la responsable del PP en dos billetes de 500. Este dinero en efectivo, precisa Alcón, proviene de "empresas, comisiones, corrupciones", porque el PP de Valencia tiene "mucho dinero negro" y "no puede aflorarlo".

La hipótesis sugerida por los concejales populares exige que Alcón supiera que tenía el teléfono pinchado. Pero la primera referencia a que la exconcejal estaba implicada en la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos del caso Taula, y que por tanto podía hallarse controlada por la UCO, no se publicó hasta nueve días más tarde de la conversación que mantuvo con su hijo.

Lo hizo el 24 de abril de 2015 EL PAÍS, que un día antes solicitó con un mensaje al teléfono de Alcón y una llamada al jefe de prensa del Grupo Popular conocer su opinión sobre su presunta implicación en el caso. En la información se señalaba que el ex alto cargo del PP de Valencia Marcos Benavent había grabado en secreto durante años conversaciones con sus compañeros de partido que reflejaban corrupción. Y se mencionaba a Alcón y al expresidente de la Diputación Alfonso Rus como dos de los protagonistas de las cintas.

Hasta que no se publicó esa noticia, las conversaciones telefónicas de Alcón grabadas por la Guardia Civil en abril de 2015 reflejan naturalidad, y nada en ellas hace pensar que sospechase que estaba siendo escuchada por los investigadores. La exedil y entonces candidata electoral en la lista que encabezaba Barberá, volvió a abordar con desparpajo el asunto el 17 de abril, al habla con su hermana. “A Juanjo le dije que me hiciera una transferencia de esos 1.000 euros que han blanqueado en el partido de todo el dinero negro que tienen. Y me dieron dos billetes de 500 y yo tenía que hacer una transferencia legal desde el BBVA de 1.000 euros. Que los blanquean así. [...] Es muy gordo todo”.

A partir de la publicación por este periódico de su implicación en la red de cobro de mordidas, y en otros medios de conversaciones captadas por Benavent en las que la exconcejal aparecía negociando las comisiones —y quejándose de que se quedaban en poco debido al pago del IVA por parte de los adjudicatarios—, la actitud de Alcón que recogen las conversaciones grabadas por la Guardia Civil cambia drásticamente. La naturalidad desaparece, los diálogos reflejan preocupación y angustia, y revelan que la exconcejal recurrió a fármacos para combatir la ansiedad que le generaba la situación.

La desconfianza que transmiten tanto Alcón como su marido Grau cuando hablan por teléfono va agravándose en las semanas siguientes, hasta que apenas abordan cuestiones delicadas. Y, entonces sí, la UCO refleja en su atestado que da la impresión de que ambos sospechan que están siendo escuchados.