La adjudicación de la Ciudad de la Justicia seguirá en los tribunales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid paralizó el año pasado el polémico proyecto para construir la Ciudad de la Justicia de Madrid; el Tribunal de Contratación Pública anuló en enero esa decisión porque la adjudicación ya estaba muy avanzada (solo faltaba la firma definitiva); y ahora el Ejecutivo dirigido por Cristina Cifuentes (PP) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esa anulación, aseguran fuentes del Gobierno regional, lo que puede demorar entre meses y años la resolución final del conflicto.

Esta especie de trabalenguas administrativo es solo el último capítulo de un plan ideado hace más de una década para construir en Valdebebas un gran espacio que reuniera los numerosos y dispersos juzgados de Madrid, pero que nunca ha llegado a materializarse. Después de la idea inicial de 2004, que dejó tras de sí años de frustración, un edificio vacío (el Instituto de Medicina Legal) y más de 100 millones de gasto no del todo transparentes, el sucesor de Esperanza Aguirre en la presidencia de Madrid, Ignacio González, impulsó a finales de 2014 un renovado y mucho más modesto proyecto, esta vez bajo el nombre de Ciudad de la Justicia.

González inició a primeros de 2015 la tramitación para adjudicar las construcciones. La fórmula ideada era similar a la de los hospitales que se construyeron en las últimas legislaturas: la empresa concesionaria pagaría la construcción y el mantenimiento del complejo durante 30 años a cambio de un canon anual de unos 45 millones de euros, lo que sumaría al final de esas tres décadas 1.752,5 millones (1.448,4 millones más 304,1 millones por IVA).La oferta técnica y económica mejor valorada en el precesó fue la de la UTE (unión temporal de empresas) formada por Acciona y OHL, pero el Gobierno de Ignacio González, ya en funciones en el mes de junio de 2015, prefirió no dar la aporbación definitiva a la adjudicación.

Denuncias cruzadas

Y el siguiente equipo de Gobierno (también del PP, pero ahora con Cristina Cifuentes al frente) paralizó el proceso. Lo hizo en julio de forma provisional y en noviembre de forma definitiva, argumentando que algunas empresas adjudicatarias de las primeras épocas del poryecto, las que impulsó ESperanza Aguirre como presidenta, habían denunciado esa segunda concesión: no se podía adjudicar a otras empresas (en este caso, Acciona y OHL) una obra que ya se les había entregado a ellas (Corsán-Corviam), aunque nunca se llegaran a poner en marcha. Existía “incerteza” ante las reclamaciones judiciales interpuestas, justificó el Gobierno regional para paralizar el proceso.

Pero, por supuesto, OHL y Acciona tampoco estaban conformes con esa decisión, y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid les dio la razón el pasado mes de enero. La existencia de los contratos previos “no impide la celebración de un contrato ulterior con el mismo o parcialmente coincidente con el mismo objeto, sin perjuicio del pago de los trabajos efectuados, y por tanto no puede fundamentar el desistimiento del procedimiento de licitación”, dijo el tribunal. Y esa es la decisión que ayer recurrió el Gobierno regional ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, aseguran fuentes del ejecutivo. Lo que no está claro es si el equipo de Cifuentes presentará un proyecto alternativo de Ciudad de la Justicia mientras intenta resolver los últimos coletazos de las iniciativas de sus predecesores.