La Xunta se desentiende del ‘caso Alvia’ pese a imponer a sus peritos

La Xunta ha negado este jueves en el Parlamento de Galicia estar influyendo en la instrucción judicial del accidente de tren de Santiago ocurrido el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas. Preguntado por AGE por la opinión del Gobierno gallego sobre la propuesta del juez instructor de finalizar la investigación y juzgar ya al maquinista como único responsable penal del siniestro, el director general de Xustiza, Juan José Martín, dijo que “no es el momento de que la Xunta se pronuncie sobre si un juez acierta o falla sobre su decisión” y aseguró que “la Xunta de Galicia no dirige a los peritos [que han analizado el accidente], tienen una dependencia exclusivamente judicial”.

El Gobierno gallego, sin embargo, impuso a dos de los tres peritos judiciales que han analizado el accidente, en cuyos informes se basó el juez para dar por cerrado el caso. Además, con esa misma instrucción aún abierta, cargos del PP han venido realizando valoraciones inexactas sobre la seguridad de los sistemas existentes en la línea en la que ocurrió el siniestro.

En el accidente de Santiago, el maquinista del tren, Francisco José Garzón, único imputado, no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois y descarriló sin que existiese ningún sistema de seguridad que pudiese evitar o paliar su despiste. Adif había decidido no instalar en la curva de Angrois el ERTMS, el sistema de control constante de la velocidad propio del AVE, y un año antes del accidente autorizó también su desconexión a bordo de los trenes. El primer juez instructor del caso, Luis Aláez, decidió imputar por ello a cargos y técnicos de Adif, pero la Audiencia Provincial de A Coruña los exculpó por falta de pruebas. El segundo instructor que ha tenido el caso, Andrés Lago Louro, propuso en octubre, amparándose en dos de los tres peritos de la causa, cerrar ya la investigación y juzgar al maquinista como único culpable.

El diputado de AGE Juan Manuel Fajardo preguntó qué valoración hace la Xunta de la propuesta del juez. Según Fajardo, en el accidente de Angrois hay que “depurar responsabilidades, penales pero también políticas” ya que “no se puede hacer lo siempre, culpar al último de la escala”, y lamentó que siga sin estar aclarado “por qué se desactivó el ERTMS”. El responsable autonómico de Xustiza respondió que la instrucción “formalmente no está cerrada porque hay recursos y tiene que pronunciarse la Audiencia Provincial de A Coruña”, por lo que la Xunta “en este momento procesal no debe y no puede evaluar una instrucción que está abierta” por el “principio de separación de poderes”. El director general limitó la actuación de la Xunta a hacerse cargo del pago de los peritajes autorizados por el juez instructor y aseguró que “la Xunta de Galicia no dirige a los peritos, tienen una dependencia exclusivamente judicial”.

Sin embargo, la Xunta sí ha condicionado la instrucción judicial al imponerle al juzgado a dos de los tres peritos a los que este encargó analizar el accidente. El Gobierno gallego argumentó en su momento, amparándose en una normativa autonómica previa, que el juez no podía nombrar a esos peritos de entre profesionales independientes elegidos por sorteo, como pretendía, sino que debía primero buscar entre los funcionarios autonómicos, y le proporcionó a sendos ingenieros industrial y de caminos de su plantilla sin experiencia previa en materia ferroviaria.

El primero no detectó en su peritaje el baile de cifras sobre el peso real del tren que luego desvelaron las víctimas, mientras que el segundo incluyó en su informe final varios párrafos plagiados. Ambos funcionarios autonómicos coincidieron en culpar del accidente únicamente al exceso de velocidad del maquinista, frente al tercer perito judicial, el único elegido por sorteo, que considera que Adif incumplió normas de seguridad en el accidente. El segundo juez instructor ha dado más credibilidad a los dos peritos autonómicos que al tercero independiente.

Por otra parte, aunque la Xunta y el PP vienen remitiéndose a la existencia de una causa judicial aún abierta para desentenderse del accidente de Angrois y rechazar la apertura de investigaciones políticas tanto en el Galicia como en Madrid, cargos populares han venido realizando juicios de valor incorrectos sobre el accidente. El pasado junio, por ejemplo, el diputado popular Alejandro Gómez Alonso aseguró en el mismo Parlamento de Galicia que el sistema de seguridad convencional con que circulaba el Alvia, el ASFA, es tan seguro como el ERTMS para la alta velocidad que se había desconectado en Angrois. Todos los peritos participantes en causa judicial han negado ese extremo y constatan que el ERTMS es más seguro y que el accidente no se habría producido si hubiese estado disponible.

En la actualidad, la propuesta del juez instructor de cerrar la investigación está recurrida por las víctimas y por el abogado del maquinista ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que decidirá si se sigue investigando o se va ya a juicio. Para ello, el magistrado ponente al cargo del caso se dedicará a él en exclusiva durante tres semanas a partir del 1 de abril. La postura de cerrar la investigación cuenta con el apoyo del fiscal del caso, Antonio Roma, quien pide para el conductor cuatro años de cárcel por “imprudencia grave profesional” y una indemnización a las víctimas de casi 43 millones de euros que tendría que aportar la aseguradora de Renfe.