El juez del ‘caso Pujol’ indaga la adjudicación del tranvía de Barcelona

El juez del caso Pujol ha encargado a la Policía que investigue la denuncia de un abogado sobre presuntas irregularidades en la adjudicación para explotar el tranvía de Barcelona. El letrado remitió a la Audiencia Nacional un escrito en el que detalla que las dos líneas en funcionamiento (Trambaix y Trambesòs) son gestionadas por empresas privadas y directivos vinculados a cargos de los Gobiernos de Jordi Pujol (1980-2003). En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado pide a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que tome declaración al denunciante y a la Fiscalía Anticorrupción, que se pronuncie sobre su contenido.

El escrito pone de relieve que las redes del tranvía “son explotadas por empresas que no son de economía mixta”, algo que “contraviene lo que expresamente se indicaba en el pliego de cláusulas administrativas” sobre la concesión del tranvía. Entre las 13 empresas figuran FCC, Acciona o Comsa; esta última es propiedad de la familia Sumarroca, relacionada con los Pujol. El abogado subraya que, desde 2011, el presidente de esas sociedades es Josep Maria Cullel Nadal, uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya que, además, fue consejero en el Gobierno de Jordi Pujol.

De la Mata encarga a la UDEF que analice la denuncia y a la Fiscalía, que se pronuncie

Entre otros nombres, cita también el de Francisco Javier Vizcaíno, director de Tramvia Metropolità SA, la sociedad que gestiona la explotación del tranvía del Llobregat (Trambaix). Se da la circunstancia de que Vizcaíno declaró como testigo en el caso Pujol por su intervención en una operación en L'Hospitalet de Llobregat de la que Pujol hijo salió beneficiado. El empresario de Life Mataró Alejandro Guerrero pagó 1,5 millones al primogénito por asesorías para buscar inversiores y construir unos apartamientos en la plaza Europa de esa localidad.

La construcción y explotación del Trambaix y el Trambesòs “supuso y sigue suponiendo una inversión millonaria de caudales públicos que se han aportado a quien no tenía, ni tiene, amparo para recibirlos”, sigue el escrito, que aprecia indicios de delitos de prevaricación y malversación. La denuncia subraya además que las concesionarias del concurso “no son las mismas que constituyeron esas sociedades”.

Colaborar con la justicia

El abogado (que aún no ha sido llamado por la Policía) ha presentado el escrito a instancias de su cliente ante la Audiencia Nacional y también ante el juzgado de instrucción de El Vendrell (Tarragona) que investiga el llamado 3%, sobre presuntas comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones. Antes, había enviado el mismo escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el marco de un litigio contencioso-administrativo con el que impugnó las condiciones de uso del tranvía. Y, en concreto, la consideración de los vigilantes como agentes de la autoridad a raíz de unos presuntos abusos sobre clientes del servicio.

Gracias a ese procedimiento, explica en conversación con EL PAÍS, obtuvieron los documentos donde se aprecian las irregularidades.Tras pedir al TSJC, sin éxito, que remitiera el escrito al juzgado de guardia, el abogado lo ha enviado ahora a la Audiencia Nacional a instancias de su cliente y por la "obligación del ciudadano de colaborar con la justicia".