La derogación de la reforma laboral vuelve a dividir a Convergència y ERC

El segundo pleno monográfico contra la pobreza que celebra el Parlament terminó ayer con la aprobación de 40 medidas para luchar contra la emergencia social pero con el gran interrogante de su financiación y la incertidumbre de los Presupuestos. Las entidades sociales dieron “un voto de confianza” y agradecieron un tono más constructivo que el de hace dos años. Como hace una semana, Junts pel Sí se vio forzada a dividir su voto, esta vez a cuenta de la petición de derogar la reforma laboral apoyada en su día por CDC, que ayer se abstuvo. ERC votó a favor.

Un total de 13 propuestas fueron aprobadas por unanimidad, algo que las entidades ven como un compromiso en la lucha contra la pobreza. Dejar de lado el partidismo fue una de las peticiones que hizo Teresa Crespo, la portavoz de la plataforma Pobreza Cero en su intervención ante la Cámara.

Entre las medidas acordadas están que la Renta Mínima de Inserción recupere su condición de derecho subjetivo (sin restricciones presupuestarias), mejorar la cobertura de las becas comedor (sin definir cuántas más se darán) y estudiar una mayor recaudación mediante cambios en tributos como el de sucesiones o el tramo autonómico del IRPF, algo que apoyó Junts pel Sí (JxS).

La prueba de fuego para estos compromisos, sin embargo, pasa por la dotación de recursos económicos, como alertó ayer Crespo. Algo que tendrá que corroborarse en la aprobación de los Presupuestos que prepara la vicepresidencia de la Generalitat y que necesitan de una mayoría aun no muy clara.

De hecho, solo tres medidas aparecen con una partida ya fija y son compromisos ya adquiridos en el plan de choque firmado entre JxS y la CUP. Se trata de un plan de barrios, aumento de parque de vivienda social, y pobreza energética, cada una dotada con diez millones de euros.

Muchos aspectos de lo aprobado, sin embargo, hacen referencia a darle un impulso a leyes que ya llevan tiempo vigentes, como la de infancia o la de la emergencia habitacional, votada el verano pasado y a la espera de reglamentos. También se pone la meta de lograr la cesión de 3.000 pisos de los bancos para el alquiler social. La Generalitat tiene unos 1.800.

Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP presentaron sendas proposiciones en contra de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Partido Popular, con el apoyo de CiU. [/TEX]De[TEX]sde que ambas formaciones plantearon sus propuestas se vislumbró que la coalición independentista que sostiene al Gobierno catalán votaría de manera diferente.

Tres votos diferentes

Como hace una semana, cuando Junts pel Sí se dividió en la votación sobre el monumento franquista de Tortosa (Baix Ebre), se repitió la imagen de los portavoces de ERC y CDC votando de manera distinta y los independientes con libertad de voto. Los republicanos dieron el sí en ambas votaciones y Convergència optó por la abstención.

Uno de sus diputados independientes, Germà Bel, votó en contra de la de CSQP pero se abstuvo en la de los anticapitalistas. Los textos eran diferentes. El de CSQP pedía medidas legislativas orientadas a que el Estado derogue la reforma laboral y se recupere la figura de la autorización administrativa previa en caso de un ERE. La de la formación anticapitalista habla de “trabajar por su derogación”. El PP se quedó solo defendiendo la ley que considera ha ayudado a sacar a España de la crisis pero que los sindicatos y la izquierda ven como la causante de la precarización en el empleo.

La CUP también ha dejado sola a la coalición mayoritaria en algunas ocasiones, aunque sin discrepancias en las votaciones clave, como establece el pacto de investidura. La izquierda anticapitalista no le dio ayer su apoyo en pedir al Estado la revisión de los objetivos de déficit o “continuar exigiendo los recursos de la Disposición Adicional Tercera del Estatut”.