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Cifuentes esgrime falta de presupuesto para bloquear la ley de transparencia

El Gobierno rechaza el proyecto del PSOE porque no está contemplado en las cuentas de 2016

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto al presidente de CEIM, el secretario general de UGT Madrid y el secretario general de CC.OO Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto al presidente de CEIM, el secretario general de UGT Madrid y el secretario general de CC.OO Madrid.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, rechaza tramitar la ley de transparencia presentada en la Asamblea por el PSOE argumentando que no existe un presupuesto asignado para ella en las cuentas de 2016. “Su financiación debería realizarse en detrimento de otras partidas”, dice el acuerdo firmado el pasado 23 de febrero. Esta decisión no tumba la ley, que propone el acceso libre de los ciudadanos a la práctica totalidad de los documentos oficiales de la Comunidad, ya que la Mesa de la Asamblea decidirá hoy si acepta las razones del Ejecutivo o si empieza la tramitación. Mientras rechaza el proyecto socialista, el Gobierno de Cifuentes prepara su propia norma: la Ley de Gobierno Abierto.

El proyecto de ley de transparencia presentado por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid el mes pasado contempla la creación de distintas unidades y registros, así como la figura de un comisionado que vele por el cumplimiento de la norma y redacte un informe anual. Se trata de establecer mecanismos claros para asegurar el acceso a la información —no solo de los organismos públicos, sino también de las organizaciones sindicales y empresariales, y de cualquier entidad privada que perciba subvenciones— por parte de cualquier ciudadano, según explican los socialistas.

La inmensa mayoría de las comunidades han aprobado ya normas propias sobre transparencia; únicamente carecen de ella Asturias, Euskadi, Castilla-La Mancha y Cantabria (que las tienen en estos momentos en proceso de tramitación parlamentaria) y Madrid, siendo esta última una de las regiones más castigadas por los escándalos de corrupción, recuerda el diputado en el Asamblea regional y senador del PSOE José Cepeda. “Sabemos que nuestra propuesta es ambiciosa, pero creemos que no costaría demasiado porque mucho de lo que propone se puede conseguir reasignado recursos ya existentes”, asegura el socialista.

Sin “crédito disponible”

El Consejo de Gobierno se basa para expresar su “no conformidad” a la tramitación de la ley en un informe redactado por la Consejería de Economía y firmado por la directora general de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado. En él se habla de “un incremento del gasto público no determinado”, para el que “no existe crédito disponible en el Presupuesto de la Comunidad de Madrid para este año 2016”. Por lo tanto, “de aprobarse el texto propuesto en el ejercicio en curso, su financiación debería realizarse en detrimento de otras partidas presupuestarias en el presente ejercicio que no han sido siquiera presupuestadas”.

La fórmula de rechazar proposiciones de ley por falta de presupuesto no es habitual, aseguran fuentes parlamentarias, pero tampoco es la primera vez que el Gobierno de Cifuentes la utiliza. Por ejemplo, ya lo hizo en diciembre pasado con la propuesta presentada por Podemos de ley contra la pobreza energética. Entonces, la Mesa de la Asamblea decidió “no admitir la manifestación del criterio del Gobierno desfavorable respecto de la toma en consideración y su no conformidad” y dio inicio a su tramitación parlamentaria. En estos momentos, el proyecto está en fase de alegaciones y será debatida el mes que viene. Aparte de la falta de presupuesto, el Gobierno regional argumentó contra la ley de pobreza energética que ya estaba trabajando en la misma línea que apuntaba la norma, explica un a portavoz de Podemos.

Sus propias propuestas

Algo parecido argumenta ahora el Consejo de Gobierno contra la ley de transparencia propuesta por el PSOE: “Sin entrar en el fondo de la proposición, sí puede afirmarse que algunas de las cuestiones planteadas por la misma, en materia de transparencia, ya están siendo desarrolladas”, dice el informe de Consejería de Economía. Alude, además, a la puesta en marcha del Portal de Presupuestos y el Portal de Transparencia. Sobre este último, la oposición se ha quejado amargamente de sus fallos y dificultad de acceso.

El socialista José Cepeda opina que el Gobierno de Cifuentes no quiere su propuesta, y la está entorpeciendo con “argucias legales”, porque prefiere impulsar las suyas propias. De hecho, el pasado martes, Cristina Cifuentes avanzó que su Ejecutivo está trabajando en cuatro leyes que tratarán de mejorar la transparencia de las instituciones y promover la regeneración democrática. Una de ellas es la que ha llamado de Gobierno Abierto y pretende alinearse con las regulaciones de países de la Unión Europea que tengan legislaciones más avanzadas en temas de transparencia. La norma establece una regulación para los lobbies, y el contenido mínimo que deberán hacer públicos las entidades, como informaciones básicas relativas a altos cargos, funcionamiento del Gobierno, contratos, subvenciones, patrimonio, planes y programas.

La Mesa de la Asamblea de Madrid decidirá hoy si atiende a las razones del Consejo de Gobierno para rechazar el proyecto socialista de ley de transparencia o si ordena el inicio de su tramitación. Para esto último, tendrían que estar de acuerdo los grupos de Ciudadanos, PSOE y Podemos.

Un portal y un registro de empresas

Quién. El proyecto de ley de transparencia presentado por los socialistas madrileños obliga a abrir sus archivos a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, y a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas que superen 30.000 euros o representen el 30% de sus ingresos anuales.

Qué. Con la excepción de los datos personales protegidos, deberá hacerse pública información “en materia organizativa, relativa al personal de libre nombramiento, en materia de empleo en el sector público, en materia de retribuciones, en materia normativa”. También deberá darse la mayor publicidad posible a la información económica y financiera sobre presupuestos y deuda, patrimonio, obras públicas y contratos de gestión, concesión de servicios públicos y la “ayuda y subvenciones en materia de ordenación del territorio y medio ambiente”.

Cómo. Se creará un Portal de Transparencia y un registro de las empresas que trabajan con la Administración. Cada órgano de la Administración deberá tener una unidad responsable de garantizar el acceso a los datos públicos. Además, un Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, independiente, controlará el cumplimiento de la normativa y publicará un informe anual sobre el mismo.

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