_
_
_
_

La Xunta investigará la denuncia de abortos sin anestesia ni médico

Sanidade alega "razones psicológicas" para que las intervenciones se realicen en las habitaciones y el Defensor del Paciente acude al fiscal

El fiscal jefe de Galicia con el consejero gallego de Sanidad, durante la firma de un convenio.
El fiscal jefe de Galicia con el consejero gallego de Sanidad, durante la firma de un convenio.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigará las denuncias hechas públicas por distintos colectivos sanitarios y sociales y por mujeres que se sometieron a abortos en el hospital público de A Coruña en los que no se les garantizó la anestesia y la intervención de médico o matrona. Tras una defensa de los "excelentes profesionales" de las áreas de Ginecología y Obstetricia de la sanidad gallega, Feijóo ha dejado abierta la posibilidad de que se puedan producir "disfunciones". "Nosotros garantizamos el rigor de los profesionales en todas sus prácticas clínicas", ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico, para puntualizar luego que ello "no significa que no haya que investigar y conocer si cada queja o denuncia tiene justificación".

Más información
El Gobierno cambia de forma limitada y urgente la ley del aborto
El hospital de A Coruña realiza algunos abortos en el segundo trimestre
El número de abortos en España disminuye por tercer año consecutivo

"Si hubo alguna disfunción que afectase a alguna mujer, ella tiene el derecho de denunciarlo y nosotros la obligación de investigarlo; esperemos que este tipo de situaciones se clarifiquen cuanto antes", ha zanjado el presidente sobre unos hechos que ya han sido comunicados a la fiscalía. La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido un escrito al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, reclamando una investigación de oficio sobre el trato que reciben las mujeres que se someten a abortos eugenésicos -por malformaciones del feto- a partir de las 14 semanas de gestación en el Hospital Materno de A Coruña.

La demanda del Defensor del Paciente se produce tras la denuncia pública realizada por la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto que alerta del “incumplimiento” de los protocolos internacionales al no garantizarles la anestesia y la intervención de médico o matrona a las mujeres que se someten en el hospital público coruñés a estos abortos y ofreciéndoles como alternativa el desplazamiento a un centro privado-concertado en Madrid. Una opción por la que han optado en los últimos cuatro años 71 mujeres que necesitaron someterse a un aborto por esta causa, según datos del centro de planificación de A Coruña.

En protesta contra esta situación “de violencia intolerable” contra estas mujeres, representantes de colectivos sociales, políticos y sanitarios se concentraron este jueves en el hospital mientras la Consellería de Sanidade, dirigida por Jesús Vázquez Almuiña, difundía una nota de prensa asegurando que se está cumpliendo el protocolo. Sanidade sostiene que en el proceso para esta interrupción del embarazo las mujeres “son atendidas por facultativos especialistas en obstetricia y ginecología, personal de enfermería y auxiliares de clínica” aunque no precisa si la atención médica se produce durante el proceso de expulsión del feto o solo antes de ese momento, cuando las gestantes son exploradas por el ginecólogo del centro de planificación en donde cubren los trámites para ingresar en el hospital.

Sí reconoce la consellería que el aborto tiene lugar en la habitación de la planta de ginecología en donde ingresan las mujeres y no el paritorio “por razones psicológicas y en beneficio de la paciente”, justifica. Junto a ello, Sanidade sostiene que la anestesia epidural se aplica “en los casos en los que es necesario”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

La Asociación del Defensor del Paciente entiende que, de confirmarse la actuación que denuncian colectivos sociales y sanitarios y afectadas, existiría “presunta mala fe, denegación de asistencia y daño psicológico a las mujeres con conocimiento de que se está produciendo” por lo que pide la intervención del Ministerio Público para que se depuren las posibles responsabilidades sin descartar, además, una posible forma de “maltrato" hacia las mujeres.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_