Mercamadrid pagó 735.000 euros a la empresa de un exalto cargo
El mercado contrató a la firma del exgerente de Urbanismo de Madrid entre 1991 y 1995 Coindeco facturó a la sociedad pública 44.050 euros por un vídeo de cinco minutos
La empresa pública Mercamadrid, gestora del mayor mercado mayorista de España, pagó 735.000 euros por trabajos de asesoramiento a la firma Coindeco Consultores S. L. La compañía fue fundada por Pedro Alfonso Areitio Toledo, que fue director de Tráfico y Seguridad y gerente municipal de Urbanismo (1991-1995) de Madrid durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano (PP). Mercamadrid es una sociedad pública participada en un 51 % por el Ayuntamiento y en un 49 % por Mercasa (SEPI y Ministerio de Agricultura).
Coindeco cobró por asesorar a Mercamadrid entre 2004 y 2011. El alto cargo había abandonado el Ayuntamiento cinco años antes. La consultora elaboró durante ese periodo informes técnicos sobre una ampliación de 453.000 metros cuadrados del recinto alimentario que comenzó en febrero de 2007. El alcalde era entonces Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y el presidente ejecutivo de esta plataforma de mayoristas, su exconsejero Luis Blázquez.
La compañía del exjefe de Urbanismo de Madrid cobró al mercado de abastos por participar en encuentros de trabajo con empleados del propio Consistorio, tal y como muestra una factura de junio de 2007 de 115.768 euros que incluye como servicio “Asistencia a reuniones con técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y asesoramiento en cuanto a gestiones a realizar para la redacción del Proyecto Básico de Urbanización”. Un año antes, Coindeco percibió del mercado 116.000 euros por redactar y presentar un plan sobre expropiaciones. El Ayuntamiento debía validar la iniciativa.
Vídeo de cinco minutos: 44.050 euros
Areitio no se ciñó solo a la asesoría urbanística. Mercamadrid desembolsó en mayo de 2005 a la firma del que fuera director de Tráfico 92.660 euros. La factura detalla conceptos como elaboración de cuatro carteles para una exposición (12.390 euros), adquisición de 800 placas de metacrilato (23.440) y producción de un vídeo de cinco minutos (44.050) sobre la ampliación del mercado de abastos.
"Mi padre falleció en septiembre de 2008. Fundó la consultora en 2000 tras salir del Ayuntamiento. Trabajamos como asesores urbanísticos”, señaló la pasada semana Pedro Areitio, hijo del exalto cargo. Ayer declinó atender a este periódico.
El análisis de las cuentas de Mercamadrid entre 2005 y 2015 muestra cómo los responsables del mercado de abastos cargaron gastos singulares en la etapa de Luis Blázquez, que fue consejero de Economía de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Ruiz-Gallardón.
La firma pública abonó en abril de 2008 un total de 576 euros por 36 botellas de vino Urbina Gran Reserva y 69 euros por 12 de Muga Blanco. Desembolsó 1.194 euros por 500 cintas de acetato a una empresa de regalos publicitarios. Y compró 100 placas de metacrilato “con una ramita de olivo” por 3.450 euros a una compañía organizadora de eventos.
EL PAÍS ha tenido acceso a las cuentas relacionadas con los trabajos de ampliación de Mercamadrid del periodo 2005- 2015. En ellas constan partidas que revelan gastos suntuosos y despilfarro de dinero público, así como sobrecostes en las obras ejecutadas por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de decenas de miles de euros.
Por ejemplo, el 31 de julio de 2012, ya con Ana Botella al frente del municipio, FCC emitió una factura de 50.671 euros a Mercamadrid por “los sobrecostes de reimplantación en las obras del parque urbano Mercamadrid” de marzo de 2012. Y otra factura con un sobrecoste de 101.342 euros, referida también a ese parque, de febrero del mismo año. Y así muchas más, vulnerando los precios de licitación anuales. Otros gastos llamativos de los que figuran salida de dinero tienen que ver con el pago de 35.000 euros al club gastronómico Millesine, S. L., que se promociona como “uno de las citas más importantes del año de los fogones”. No consta en la contabilidad la factura de este apunte, como tampoco existe la correspondiente a un pago de 94.827 euros relativo a una actividad que en los balances se describe con tres palabras: “activo proyecto 314”.
También llaman la atención los abonos periódicos por consultoría a la empresa Almabalia, S. L. y que rondan los 1.700 euros mensuales. En los estadillos se justifican estos gastos en reuniones (se hacen constar hasta seis en un mismo día y a lo largo de un mes) de directivos de esta firma con el director de Mercamadrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido investigar el dispendio de esta empresa pública e incluso tiene previsto elevar a la Fiscalía un informe que sugiere la comisión de delitos de malversación de caudales públicos: el Consistorio está pagando 41.500 euros todos los meses (y así tendrá que hacerlo hasta 2032 puesto que existe una cláusula de penalización) por el alquiler de una nave que un empresario levantó en suelo de Mercamadrid. La malversación estaría en que, en lugar de pagar el empresario por ese suelo, es el Consistorio, que nunca ha utilizado para nada esa nave, el que paga al empresario.
investigacion@elpais.es
40.000 euros por un estudio para una aduana que no se creó
Mercamadrid pagó el 20 de junio de 2007 un total de 40.000 euros por un informe para crear una aduana en sus instalaciones que no tuvo ninguna utilidad porque la idea luego fue desechada. Las cuentas secretas del principal mercado mayorista de España indican que el pago de los 40.000 euros se hizo al despacho jurídico Peláez Abogados y Asesores, S. L. La costosa y frustrada idea consistía en un estudio técnico sobre la posibilidad de instalar una especie de puerto seco en el mercado que agilizase la llegada de mercancías eludiendo las demoras que suele haber en la aduana de Algeciras con productos procedentes de Marruecos y otros países norteafricanos.
La aduana habría permitido que camiones cargados de productos llegasen precintados al puerto seco de Mercamadrid y, una vez aquí, abrirlos delante de los agentes de aduanas. Fuentes de Mercamadrid ignoran por qué se pagó “esa importante cantidad de dinero por el estudio técnico de un proyecto que luego no se ha hecho; eso es tirar el dinero de todos”. Para crear esta aduana, el Ministerio de Hacienda había dado la correspondiente autorización.
Los 40.000 euros del estudio fueron cargados a la cuenta específica habilitada para la ampliación (sobre 453.000 metros cuadrados que antes ocupaban el extinto poblado marginal de La Celsa) de este mercado de mayoristas, dotada con 74 millones de euros. La expropiación de los terrenos suscitó numerosos pleitos entre Mercamadrid y los dueños de los terrenos. El despacho jurídico Jiménez Blanco recibió decenas de miles de euros por tramitar los recursos en nombre del mercado mayorista, entre 10.000 y 14.000 euros por cada recurso.
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