Compromís exige a la Diputación de Castellón quitar placas de corruptos

El Grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha pedido que la institución, gobernada por el PP, retire de sus edificios las placas conmemorativas de los condenados por corrupción. Compromís ha señalado que la corrupción se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos "según recogen las encuestas oficiales, pero también las que cada uno puede hacer con su grupo de amigos o en la sobremesa de los domingos en la familia".

Entre las distinciones que se mantienen en inmuebles de la Diputación figuran algunas a Carlos Fabra, el expresidente de la Corporación condenado a cuatro años de cárcel por delitos fiscales. Xavier Trenco, portavoz de Compromís en la Diputación, ha puesto como ejemplo la mención al reo que se mantiene en el Centro Provincial de Energías Renovables de Castellón.

La retirada de placas y menciones honoríficas de condenados por corrupción fue aprobada por las Cortes Valencianas en octubre de 2015, una propuesta respaldada por todos los grupos de la Cámara. La Generalitat valenciana inició la retirada de placas poco después e instó al resto de instituciones públicas de la comunidad autónoma a seguir sus pasos.

Muchas ya lo han hecho, como los Ayuntamientos de Mislata, Sueca, Riba-roja, Aspe, Borriana, Beniparrell, Catarroja, Daimús, Xeresa y otros. También se han retirado placas de centros salud, colegios y hospitales, como el Provincial de Castellón.

Los primeros objetivos han sido los condenados en sentencia firme por delitos contra la Administración o contra la Hacienda Pública. Además de Fabra, es el caso del exconsejero Rafael Blasco, que cumple pena de prisión por apropiarse de fondos de la cooperación al desarrollo. Y de Pedro Ángel Hernández Mateo, exdiputado regional y exalcalde de Torrevieja, sentenciado a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad en la adjudicación del servicio de basuras.

Algunos municipios, como el de La Pobla Vallbona, han ido más lejos y han quitado placas y distinciones incluso a políticos que todavía no han sido juzgados, pero se encuentran imputados por delitos de corrupción. Como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, presunto cabecilla de la trama del 3% vinculada al PP valenciano, detenido en enero. O Serafín Castellano, exconsejero de la Generalitat y exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, arrestado en mayo por su implicación en la trama del fuego.