Las entidades sociales exigen una reforma a fondo de la renta mínima

La polémica sobre si aprender catalán (o castellano) será un requisito para recibir la renta mínima de inserción (RMI) ha vuelto a poner el foco sobre esta prestación, que se ha erigido como una prioridad del nuevo Ejecutivo catalán. Expertos y entidades sociales, sin embargo, consideran que hay que ir más allá del aumento presupuestario del plan de choque y hacer una reforma a fondo. Un cambio que el Gobierno de Artur Mas desatendió desde el verano de 2011, cuando paralizó la ayuda sin aviso y dejó colgadas a centenares de personas.

Las entidades sociales coinciden en que la actitud de la nueva consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, para abordar los cambios en la RMI es mucho más positiva que la de su antecesor frente a la ayuda, el anterior consejero de Empresa Felip Puig. Más allá de la discusión sobre las posibles “obligaciones sociales básicas” (como la escolarización de los menores a cargo o capacidades lingüísticas) a las que se verían sujetos los receptores, Bassa ha seguido la línea del partido que la propuso como consejera, ERC, respecto a caminar eventualmente hacia un sistema de renta garantizada.

Las líneas dibujadas por el plan de choque establecen que la ayuda debe volver a ser un derecho subjetivo (es decir, que se le entregue a las personas que cumplan los requisitos sin depender de los vaivenes presupestarios), garantizar el 100 % de la cobertura y que se siga percibiendo si se supera el límite de los 60 meses pero aún se reúnen las condiciones que motivaron ser beneficiario. Se trata de volver al formato de la ayuda del tripartito.

Las entidades sociales y varios expertos defienden que en 2011 el Gobierno buscaba ejecutar un recorte presupuestario. La explosión de la crisis y el aumento del paro hicieron que muchas familias solicitaran la ayuda. El Gobierno restringió más la RMI al imponer el requisito de sumar una dificultad social añadida, certificada por los servicios sociales, a la falta de ingresos. O que no fuera compatible con otras prestaciones, en un intento de supuestamente acabar con el fraude.

“El escenario de pobreza y exclusión de hace cinco años no es el mismo de ahora. No es suficiente con que el objetivo sea volver al nivel de cobertura de ese momento”, cree José Antonio Noguera, sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. En definitiva, sería necesario un instrumento distinto para atender a la nueva realidad que pudiera hacer frente, por ejemplo, al problema de los colectivos de difícil inserción laboral.

El año pasado, 29.538 beneficiarios recibieron los 465 euros mensuales de la ayuda, cubriendo a un total de 75.000 catalanes. El presupuesto de la RMI ascendió a 173 millones de euros. En 2010, antes de ser recortada, la prestación tenía 30.284 expedientes abiertos, aunque su alcance era menor: 42.605 personas. La partida también era más baja entonces: 99 millones.

“Los 70 millones adicionales propuestos en el plan de choque pueden quedarse cortos para adaptar el sistema a las necesidades actuales”, advierte Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Noguera cree que hay una contradicción en decir que la RMI será derecho subjetivo cuando solo se anuncia una partida adicional y hay incertidumbre respecto a los Presupuestos y, en general, a la situación económica de la Generalitat.

“Las contrapartidas de formación para recibir las ayudas pueden servir en algunos casos para intentar normalizar la vida de colectivos muy cerca de la exclusión. Pero el tema fundamental es que no hay trabajo. Es el argumento de dar la caña de pescar. Está bien, pero ¿y si no hay peces?”, tercia el sociólogo Pau Mari-Klose.

Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector, recuerda que hay unos 200.000 hogares donde la prestación por desempleo ya no llega. Esta cifra está muy lejos del nivel de cobertura de la actual renta mínima de inserción (RMI). Retirar el requisito de la dificultad social añadida implicaría abrir una puerta a miles de peticiones. El equipo de la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, que se reunirá con la Mesa del Tercer Sector la próxima semana, tendrá que calibrar una salida intermedia. “Como línea general deberíamos blindar la idea de renta garantizada y lograr consolidar la ayuda como un derecho”, propone el presidente de la Mesa del Tercer Sector.

La actualización de este instrumento de renta en Cataluña es urgente, pero también está sobre la mesa la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una Renta Garantizada de Ciudadanía. Los partidos se comprometieron a que fuera la primera ley que se abordara en esta legislatura. Se trata de un espacio idóneo para tratar un sistema de rentas en Cataluña, pero los términos de la ILP están muy alejados de las objeciones que formulan los grupos. Incluso en el seno de Junts pel Sí (JpSí), las tesis de ERC y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) son muy dispares.

Un informe realizado en 2009 por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), ya señalaba la necesidad de desdoblar la renta mínima de inserción, de modo que se destinara una parte a la inserción de hogares altamente ocupables y otra con un perfil más orientado al riesgo de exclusión social. Se trata de una posibilidad que que también apuntan las entidades sociales.

“Existen muchas dudas sobre si la RMI es solo para los perfiles laborales o también para los sociales, pues no hay otra alternativa en el sistema para personas con graves problemáticas sociales”, señala un informe elaborado por las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

A corto plazo, sin embargo, lo que se plantea es recuperar las condiciones de la RMI anteriores a los recortes que se realizaron en 2011, uno de los años en el que los recortes fueron más duros. Es decir, que la prestación sea un derecho subjetivo. Para ello, el plan de choque de JpSí se compromete a destinar 70 millones más a la ayuda.