Hacienda para una devolución de 8,2 millones por IVA defraudado en Vigo

La Agencia Tributaria ha conseguido paralizar la devolución de 8,2 millones de euros en dinero y vehículos de lujo que fueron embargados al empresario de Vigo y propietario del grupo de telecomunicaciones Telenet y Redcom, acusado del mayor fraude de IVA intercomunitario descubierto en Galicia.

El abogado del Estado José Luis de la Torre ha recurrido la sentencia que resultó absolutoria para el empresario a la que también de adhirió el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, encargado del caso, que había pedido para Manuel Ferreira 12 años de prisión y 7 para su socio y cooperador necesario José Pavón.

Antes de celebrarse el juicio, Hacienda había bloqueado las cuentas de Ferreira y decretó el embargo preventivo de al menos cinco coches de lujo que normalmente utilizaba el empresario en sus desplazamientos por la ciudad. Entre ellos figura un Rolls Royce, un Aston Martin, un BMW, un Audi y un Jaguar que seguirán intervenidos a la espera de la sentencia firme.

Pero además, el empresario no podía disponer de su patrimonio mientras el proceso estuviera abierto por lo que Hacienda tenía que impedir la venta de bienes o propiedades como la impresionante colección de coches que Ferreira posee el Vigo, según fuentes judiciales.

La colección expuesta en un museo a las afueras de Vigo incluye un Daimler Mercedes Benz 540k Roadster Cabriolet catalogado que perteneció a Eva Braun (y que el propio Hitler encargó para ella a la casa alemana) que fue adquirido en una subasta en Londres, según admitió el empresario cuando presentó una de sus últimas adquisiciones.

En el contundente recurso de apelación, tanto el abogado del Estado como el fiscal rechazan los hechos probados de la sentencia donde se afirma que “no consta que Manuel Ferreira o José Pavón estuvieran implicados en una trama defraudatoria de IVA”.

“La sentencia no da respuesta razonada a las alegaciones de las acusaciones y se aparta manifiestamente de la lógica empresarial-mercantil-tributaria”, señala el recurso, que además rechaza el argumento de la juez cuando admitió la versión del acusado de que “que una empresa sólida y solvente no tenía necesidad alguna de desarrollar una actividad fraudulenta”.

También incide el recurso en la sucesión de empresas utilizadas para realizar ventas a Portugal supuestamente ficticias y llama la atención en el hecho de que la juzgadora haya aceptado como valida la explicación del empresario. Ferreira alegó que “venía sufriendo asfixia financiera con motivo de la falta de liquidez que le provocó el bloqueo de las devoluciones de IVA en Telenet”, cuando en realidad el inicio de la inspección de Hacienda fue anterior a la trama societaria que se denunció, subraya el recurso.

Y añade que “lo más importante es que no se ha explicado porqué un grupo empresarial tan potente, que nunca había tenido problemas de devoluciones con la hacienda pública, repentinamente se introduce de forma masiva en el mercado lo que motiva la investigación de la AEAT, y lejos de pedir explicaciones del motivo de las retenciones, va cambiando de empresas que continúan la misma actividad.”

Ambos acusados, según la investigación de Hacienda, utilizaron más de una veintena de empresas para simular actividades comerciales; una telaraña de sociedades vertebrada por Manuel Ferreira en 2003 radicadas en torno a Telenet Central Logística, SA, con domicilio en Vigo, de la que eran socios el acusado y su esposa.

Su objeto social era la compraventa de productos de telefonía y electrónicos. Con la finalidad de eludir las declaraciones tributarias, Ferreira ideó la trama conocida como fraude carrusel o en cadena del impuesto del IVA. Aunque en la forma presenta varias modalidades de estafa, el empresario se centró presuntamente en realizar operaciones comerciales con derecho a devolución de IVA (exportaciones u operaciones intracomunitarias) pero que en la realidad eran ficticias.

Telenet aparentó supuestamente la venta a distintos clientes radicados en Portugal de material informático, discos duros y microprocesadores, que se destinaba a distintas empresas implicadas en la trama. Las cuotas que logró finalmente deducir por el IVA entre 2003 a 2005 ascienden a 8.214.248 euros, aunque solo las que presentó en 2004 fueron de 12.768.831 euros, según las inspecciones de Hacienda.